El auto del juez Álvaro Martín procesa a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y un florido ramillete de ex consejeros y otros cargos de la Junta de Andalucía. Los delitos de los que se les acusa con gravísimos y tienen que ver con un fraude continuado, prevaricación, etc en el caso de los ERE y los cursos de formación. La gestión del dinero público español y europeo destinado esencialmente a ayudar a los parados que terminó en bolsillos particulares. A quien va a sentar en el banquillo el juez, en términos políticos, es el Régimen socialista instaurado hace tantos años en Andalucía que ha llevado a la Comunidad Autónoma a límites insostenibles de pobreza y clientelismo. Y el actual Gobierno de Susana Díaz no se va a librar.

Estos procesamientos era evidente que se iban a producir, y no por ello son menos graves y trascendentes políticamente. El dinero defraudado y la permanencia en el tiempo de esta banda evidencian la impunidad con la que se manejaban los Gobiernos andaluces socialistas, que no es que, según el juez, estuvieran al tanto de la trama, sino que la impulsaron y mantuvieron pese a las advertencias de algunos funcionarios de la intervención general.

La defensa de los acusados ha girado en torno a un argumento demoledor ética y políticamente: que como los jefes no se han llevado a casa el dinero público, sino que solo han permitido que  otros se apropiaran de él, el asunto no es grave. Y lo grave es que en el PSOE y en los ciudadanos de Andalucía han existido una condescendencia y una indulgencia hacia esta corrupción universalizada que supera todos los límites, porque la mancha de aceite de esta corrupción estaba extendida por todo el territorio y en todos los ámbitos. Y como quienes manejaban el cotarro eran quienes gobernaban, obtenían rédito electoral de este grifo inagotable de dinero de todos empleado en beneficio particular de quienes gobernaban, sus potenciales votantes en las bolsas de más pobreza y sus más próximos.

Los receptores de este maná de dinero público malversado eran esencialmente el núcleo duro de votantes del PSOE en Andalucía, los pata negra que garantizaban permanecer en el machito: los sindicatos, las empresas controladas por el partido del Gobierno, los movimientos sociales afines o que se hacían pasar por afines. Es decir, quienes mantenían en el poder a los que repartían la pasta.

Pero este auto del juez Martín va a establecer un antes y un después. A ver qué hace ahora Susana Díaz, la campeona de las libertades y el progreso, que formo parte de esa Administración corrupta y o no se enteró de nada, o no quiso enterarse o miró para otro lado, que viene a ser lo mismo en gravedad. El PSOE ya ha dicho que sigue creyendo en la inocencia de los acusados, pero Pedro Sánchez avista la caída de su enemiga, que a estas alturas debiera proponer en el Parlamento andaluz una cuestión de confianza y, de no hacerlo, el resto de los partidos supongo que plantearan una moción de censura, porque Susana Díaz es políticamente hija de este régimen corrupto.

Las consecuencias políticas de este auto del juez Martín deben sustanciarse de modo inmediato, para que el 26-J los andaluces voten con toda propiedad. Y ojo a la satisfacción que se respiraba esta tarde en Unidos Podemos, que atisba un éxito electoral en Andalucía a costa del PSOE. Porque conviene tener memoria, y recordar que Izquierda Unida, socio de Podemos, fue quien sostuvo al Gobierno andaluz cuando este calificaba la investigación judicial de caza de brujas y miraba para otro lado mientras conseguía laminar a la juez Mercedes Alaya. A ver qué dicen ahora Garzón y los suyos. Y ojo a Ciudadanos, que debiera dejar de apoyar a un Gobierno al que salpica de lleno el caso de corrupción cuantitativamente más grave de la historia de España.