Seguimos en el dislate, el disparate, la barbaridad. Cada día se acumula lo insoportable. Y ahí seguimos, y ahí siguen ellos, a lo suyo. Hay para todos, pero unos más que otros, como siempre, los de siempre. Ahora le toca el turno de la corrupción al PSOE, a ver qué dice Sánchez. El próximo día 16 están citados a declarar los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán por el escándalo de los ERE. Como investigados, lo que hasta hace nada era como imputados. Los ERE, cuantitativamente y cualitativamente el escándalo de corrupción más grave de la última década, aunque no ocupe tanto escaparate en los medios.

Y Podemos con su crisis que crece, y sus desbandadas, y sus dimisiones, sobre todo en Madrid, Galicia, Cataluña, Euskadi y Cantabria. Y Pablo Iglesias con discrepancias serias también con Errejón y Bescansa, pero él a lo suyo. Y sus guardias de la porra de las redes sociales, muy bien entrenados, dominadores de la política evanescente de la cibernética, en plena actividad acosadora. Lo dominan.

Y el PSOE, con algunas Federaciones hasta la cobertera de Sánchez, en crisis económica y de militancia, como Madrid, y advirtiendo a Iglesias que corren riesgo los pactos locales que sustentan a los alcaldes que no dan una si no se aviene al menos a una abstención que a día de hoy parece improbable. Y sus dificultades también para no perder a Ciudadanos, que ha dejado muy claro que apoya un programa, no a una persona. Y Sánchez apropiándose de los 40 escaños de Ciudadanos, y Rivera y los suyos, claro cabreados.

Y en Cataluña el Parlament que va a tramitar las tres leyes para consumar la desconexión de España en secreto, sin hacer públicos los borradores de los textos. Insólito. Sin precedentes. Legislando de tapadillo el proceso constituyente, la Seguridad Social y la Hacienda pública. Como los servicios jurídicos les han advertido de que el asunto no tiene encaje jurídico legal, van y se lo montan en secreto. Y el personal en Cataluña calladito, tragando, y aquí no pasa nada. Legisladores que legislan en secreto, viva la democracia, que contentos estamos y que progresistas somos.

Y el Rey que deja claro que por ahora no abre la tercera ronda de consultas, para qué. Insta a los partidos a ponerse de acuerdo. Quedan 55 días. Tiempo hay de sobra, lo que falta es voluntad real, y los partidos en vez de buscar un acuerdo que haga posible un Gobierno practican la política del veto, ahora llamado línea roja. Y como los interlocutores se odian, y han levantado barreras personales aparentemente infranqueables, no se avista posibilidad alguna de que se pueda producir un acuerdo. Y por eso se acercan unas nuevas elecciones. Si vamos de nuevo a las urnas lo haremos con mucho conocimiento de causa y de personas, sabiendo quienes son, todos retratados, para bien y para mal.

Pero esas elecciones nos van a costar más de 200 millones de euros. Y circula ya por change.org una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por el empresario malagueño Emilio Díaz Berenguer y Juan Ignacio Trillo, ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la que se reclama que los Grupos Parlamentarios asuman el coste de las elecciones proporcionalmente al porcentaje de votos obtenidos el 20-D, asumiendo de ese modo “la responsabilidad económica derivada de su incapacidad política manifiesta”.

Los dos promotores de la ILP pretenden recabar las 500.000 firmas necesarias para que sea aceptada por el Congreso de los Diputados y admitida a trámite parlamentario. Según el texto que aparece en change.org, Díaz Berenguer y Trillo, ante una eventual repetición de las elecciones, pretenden, además, una reforma de la Ley Electoral “que haga recaer sobre los partidos y diputados y senadores elegidos en las urnas el 20-D la responsabilidad política, fruto de su incapacidad o seguidismo, para acordar la gobernabilidad del país a partir de lo decidido por el voto popular, de manera que si en el caso de que cumplido el plazo fijado en la Constitución se debieran convocar nuevos comicios, se considerarían inhabilitados cada uno de dichos parlamentarios para volver a formar parte de las candidaturas de cualquier lista electoral en las dos próximas legislaturas”.

No parece que vaya a prosperar la cosa, pero es un debate interesante, y no cabe duda de que, si debieran de afrontar ellos, los partidos, el coste de una nueva convocatoria electoral, los más de 200 millones que nos van a costar, la cosa sería distinta, y quizá habría acuerdo.