Los representantes políticos en el Parlament de menos de la mitad de los catalanes consumaron ayer a las 12 horas y 12 minutos un intento e golpe de Estado en sede parlamentaria, con el jefe de la banda del 3% a la cabeza, aunque con el norte perdido. La declaración de independencia (desconexión la llamaron), es un acto tan ilegítimo como ilegal que exige una respuesta política del Gobierno empleando todos los resortes legales, jurídicos e institucionales en defensa del cumplimiento de la ley y del sistema democrático que nos hemos dado.

Artur Mas, el capo en funciones, siguiendo instrucciones como siempre del patrón de la famiglia, no parecía disfrutar en su papelón. No destilaba entusiasmo. Incluso ayer en su gestualidad apuntaba un poco de mieditis, porque varios de quienes conforman el consejo de administración de lo que es una empresa corrupta al servicio del jefe empiezan a evidenciar su distancia, amenazan con terminar como los pentiti sicilianos y se muestran incómodos con ese abrazo patético a la CUP que les acerca cada día más al averno.

Y la sociedad catalana, en general, callada. Sí, hubo como dos centenares de fanáticos obedientes ondeando esteladas, pero el personal sigue mayoritariamente callado, como lo han estado tantos años ante la mangancia y el disparate, mientras los líderes a los que han elegido les han metido en un laberinto sin salida que resultaba muy gracioso y embaucador, pero que ahora les coloca en una encrucijada que no tiene más salida que otras elecciones autonómicas.

Y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, en Béjar. Le hacíamos en su despacho de La Moncloa preparando la respuesta al mayor desafío en que se ha visto un Gobierno de España desde el 23-F. Pero él ahora vive en campaña permanente. Y desde Béjar respondió a la amenaza con una declaración de carril en la que desgranó con desgana las medidas que va a adoptar el Gobierno para cumplir con su obligación de hacer que se cumplan las leyes vigentes.

Durante años los Gobiernos de España del PSOE y el PP han permanecido inactivos y han guardado un silencio cómplice ante el latrocinio pujolesco. Felipe González incluso liquidó a los fiscales Villarejo y Mena cuando pretendieron hacer cumplir la ley contra el robo a manos llenas de los Pujol, que todo el mundo conocía.

Ahora, Rajoy preside un Gobierno débil, con las Cámaras disueltas, aunque con las Diputaciones permanentes funcionando. Y la campaña electoral que vivimos hasta el 20 de diciembre no ayuda nada a encontrar imprescindibles soluciones políticas al problema catalán. Todo lo sucedido viene a reforzar a quienes desde hace meses pedimos un adelanto electoral, que hubiera posibilitado afrontar este desafío sin precedentes en mejores condiciones.

Porque además de aplicar la ley sin miedo, España y Cataluña necesitan soluciones políticas, regeneración democrática, sin que ello suponga hacer modificación alguna para serenar los ánimos de los golpistas o por miedo a ellos. Las reformas que necesita España permitirán afrontar en condiciones más adecuadas el reto de los secesionistas alocados. Pero en campaña electoral las cosas van a ser más complejas y las soluciones menos sencillas.

Un sistema democrático que se precie, que se respete a sí mismo, no puede dejar impune un intento de golpe de Estado. Primero hay que neutralizarlo certeramente. Una vez conseguido, los responsables deben asumir y pagar su responsabilidad para que no quede impune. Esto no se puede ventilar solo con abogados del Estado presentando recursos. Hay que responder al desafío con toda la fuerza de la ley civil y penal y con una respuesta política adecuada. Ellos se han desenchufado y es hora que de una puñetera vez el Gobierno de España se enchufe y cumpla con sus obligaciones.

La sesión parlamentaria de ayer en Barcelona fue de un nivel político patético. Hoy se votará la investidura de un Artur Mas que ayer en la hora undécima cortejo a la CUP, se perfiló como un ideólogo de la izquierda radical y la revolución marxista leninista y les ofreció como en un mercadillo, sin convicción, por interés propio y arrodillado como quien pide limosna acabar con los desahucios, una renta garantizada, luchas contra la pobreza energética y no se cuantas cosas mas. No se comprometió, eso sí, en ningún momento, a poner toda la maquinaria legal y política de la Generalitat a trabajar para que quienes han robado a Cataluña desde el palacio de la Generalitat devuelvan toda la pasta de los catalanes que tienen en los paraísos fiscales.

Pero no le va a ser suficiente, y esta mañana no saldrá investido presidente. Mañana miércoles Rajoy reúne al Consejo de Ministros para aprobar el recurso ante la moción independentista ante el Tribunal Constitucional, pidiendo la suspensión cautelar. El mismo miércoles o a lo más tardar el jueves, el Tribunal celebrará Pleno en el que aceptará el recurso y comunicará a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la suspensión de la moción al menos durante 5 meses hasta que haya resolución definitiva. Y el jueves el Parlament podría celebrar el segundo pleno de investidura con votación, en la que parece que tampoco saldrá Mas. Cabe la posibilidad de que, ante la evidente falta de acuerdo, la cámara se reserve la posibilidad de ni siquiera convocar nuevos plenos. Si Mas no es investido, la presidenta del Parlament debe presentar nuevos candidatos de manera sucesiva en un plazo máximo de dos meses o convocar nuevas elecciones.

En este dislate yo me pregunto cómo pretenden los patrocinadores del golpe de Estado, los mandamases de un Parlamento que se auto expulsa de la legalidad y patrocina la desobediencia, que después alguien les obedezca a ellos. O quizá es que pretenden que en Cataluña se imponga un nuevo tipo de República en la que cada quien haga lo que le plazca, en la que los ciudadanos decidan qué leyes acatan y qué leyes desobedecen, a la carta, a su propio saber y entender. ¿Esa es la seguridad jurídica que ofrecen a los ciudadanos que pagan sus impuestos y a los que han robado hasta ahora a manos llenas desde su poder omnímodo?

Desde Presidencia del Gobierno filtran que Rajoy, desde Béjar, o desde cualquier plató de televisión o estudio de radio por los que ahora se prodiga, a buenas horas, tiene todo preparado. Recuperar las competencias, poner a un policía nacional al mando de los Mossos, suspender las remesas de dinero del FLA, con lo que Mas no podría ni pagar las nóminas, y no se cuantas cosas Mas. Aseguran que Rajoy tiene un plan. Veremos a ver si la cosa llega al punto de que el Gobierno pida a la Diputación Permanente del Senado la aplicación del 155 de la Constitución que pocos han leído.

Y a todo esto, no nos olvidemos de cara a las para mí inevitables nuevas elecciones catalanas que la coalición Junts Pel Si y por la corrupción se ha acabado. En las elecciones generales del 20 de diciembre van por separado. Convergencia y Mas quieren esconder las siglas del partido de la vergüenza y se presentará como Democracia y Llibertat. Porque detrás de todo este golpe de Estado lo que hay es una formidable maniobra de ocultamiento e intento de obstrucción de la investigación judicial de la financiación ilegal de CDC y del enriquecimiento ilícito de la familia Pujol y otras familias que terminarán saliendo. Y Mas sabe muy buen cuales son. Las familias. Esto es lo que hay.