Ciudadanos se contagia de las prisas. Y lanza la propuesta de suprimir el Tribunal Constitucional. Me sorprende. Juan Carlos Girauta tiene buena cabeza jurídica. La respuesta es respetable, pero discrepo de modo radical. Si nos atenemos al derecho comparado no se sostiene. Si nos ceñimos al derecho europeo tampoco, pues hay dos instancias por encima incluso de los Constitucionales de los estados miembros de la Unión.

Explica hoy atinadamente en El Mundo el profesor Gimbernat cómo el Derecho “se asemeja a una pirámide normativa, que forma un sistema cerrado, en cuanto que la legitimidad de cada norma depende de su conformidad con la norma del escalón superior, en cuya cúspide está la Norma Fundamental, esto es: la Constitución, que, para garantizar la coherencia del sistema, debe ser interpretada por un tribunal diferenciado, y este es el Constitucional”.

Pero es que, además, la propuesta de que lo relacionado con los derechos y garantías pase a dilucidarse en el Tribunal Supremo no es sensato, pues “el Derecho Constitucional es uno, transversal, y está por encima del privado, del penal, del público, del laboral y del militar, en cuanto que la interpretación que las diferentes salas del Supremo hagan de cada una de esas distintas ramas del derecho solo será legítima, de acuerdo con la pirámide normativa, si es conforme con el escalón superior y último, esto es, con la Constitución”.

No olvidemos que, al margen de la lentitud y el desastre de cómo se ha conformado y de algunas resoluciones estrictamente políticas al servicio del poder, el Tribunal Constitucional acredita jurisprudencia solvente, democrática y útil para los ciudadanos en materias esenciales en las que ha modificado equivocados criterios de los tribunales ordinarios.

El problema viene de lejos. No es que, como sentenció Alfonso Guerra, Montesquieu muriera, es que en esta frágil democracia nuestra no llegó a nacer. Los partidos políticos, esencialmente PSOE y PP, con la muleta auxiliadora de los nacionalistas vascos y catalanes, diseñaron un modelo en el que el Ejecutivo lo puede y lo copa todo. En esta partitocracia que padecemos y que languidece, el Ejecutivo controla severamente a través de sus obedientes acólitos colocados tras indecente mercadeo todas las instituciones que debieran controlarle.

No cuestiono la capacidad de ninguno de quienes han sido elegidos desde el inicio para ocupar la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional. Cada uno acreditaba sus méritos, quizá exceptuando al inefable fiscal general Eligio Hernández, famoso luchador canario apodado “El pollo del pinar”. Pero ninguno de quienes han ocupado butaca en esas plazas fue seleccionado por sus méritos, sino por su acreditada obediencia a quienes les elegían por cuestiones ideológicas.

El problema no es el Constitucional. Los jefes de Ciudadanos se equivocan. El problema es este régimen insaciable. Es con este régimen con lo que hay que acabar, no con el sistema ni con el Constitucional. Lo que hay que hacer es regenerar la democracia, y designar un Constitucional compuesto por magistrados de méritos, solvencia, conocimiento, experiencia e independencia incuestionables. Ese es el asunto. Conviene no despistarse.