Ya estamos en Semana Santa. Y se siente la pasión. No en la acepción más positiva de la palabra, sino en la principal. O sea, que padecemos el mismo estado de la Nación, malo, y los grandes casos de corrupción siguen su trámite judicial, sin que se adivine por ahora que vaya a llegar la penitencia para sus responsables.

La vapuleada juez Mercedes Alaya consiguió que se le notificara a Griñán y Chaves su pre imputación en el caso de los ERE, tan millonarios como fraudulentos, de la Junta de Andalucía. Pero necesitó el auxilio del Tribunal Supremo, después de que en el Congreso y el Senado le pusieran pegas a los guardias que llevaron las papelas en primera instancia.

El juez Castro prepara el cierre de la instrucción del caso Urdangarín, y la rumurología apunta a que en el mismo apuntalará la imputación de la infanta Cristina. Aunque parezca coña, lo hará en una resolución que se denomina auto de pase a procedimiento abreviado. El juicio ya veremos cuándo y por donde sale.

Y el PP y el caso Bárcenas. La UDEF certifica que los populares pagaron en B la obra de su sede de Génova. Y el propio Bárcenas, que lanza otra andanada: acusa al partido que preside Rajoy de haber financiado parte de todas sus campañas con dinero negro que se guardaba en varias cajas fuertes repartidas por todas las provincias de España. En Génova no se dan por aludidos. Siguen a lo suyo, que pocas veces es lo nuestro. Y en presidencia deben andar demasiado ocupados en la caza de periodistas insumisos, en la utilización de la sede del Gobierno para la campaña del partido y en la practica del arriolismo, un deporte que ha dado títulos, pero que es mortal para el sistema.

Resulta evidente que los macro sumarios de este tipo de casos constituyen un problema. Para los jueces que los instruyen, que se ven en el centro de la diana y son atizados a diestro y siniestro, y para la resolución de los mismos, que se eterniza. La experiencia demuestra, además, que las sentencias que se dictan al finalizar las tediosas e infinitas investigaciones suelen resultar favorables para los encausados y desfavorables para el interés general, pues son demasiados los que se van de rositas. No he conocido a un solo golfo, presunto corrupto, que no deseara que su caso fuera instruido en un macro sumario. Es el mejor camino para librarse. Porque en tantos meses, y años, de instrucción, con tanto guateque de informes, contrainformes, declaraciones, testigos, autos, comisiones rogatorias y demás trámites, no hay dios que no cometa errores, y los jueces los cometen. Y de esos errores, como es propio, se benefician los acusados. Y al final, los casos quedan en nada, las montañas paren ratones.

Pero no hay interés en el régimen en modificar la cosa. Gallardón, ese hombre que terminará con un currículo brillante, pero sin biografía, ha parido un ratón de reforma judicial que no solo no acaba con el problema, sino que lo agrava. Tiempo al tiempo.