Un hombre de talento, Alberto Ruiz Gallardón, se ha embarcado en una fiesta disparatada de reformas que le convierten en el ministro, junto a Montoro, que más tenacidad viene poniendo en conculcar los compromisos adquiridos por el PP con los ciudadanos a través del programa presentado, en su día, por Rajoy para ganar las elecciones.

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Cada paso que ha dado nos acerca a un Estado totalizante, totalizador y totalitario en el que el poder Ejecutivo lo copa todo, y el Judicial queda sometido a su control férreo, en detrimento de la calidad de nuestro sistema. Comenzó con el método de elección de los vocales del CGPJ, que consolidó el control político absoluto de una institución clave.

En diciembre pasado, de tapadillo, aprobó un borrador de Decreto Ley regulador de las sustituciones de la carrera fiscal que permite el reenganche hasta los 75 años. Antes había convertido en derecho adquirido de facto la prórroga de Magistrados eméritos por un año, una vez jubilados. Fiscales y Magistrados entregados al agradecimiento eterno a cambio del favorcete.

Después culminó el asalto al control de los principales órganos de la Justicia con la designación de José Ramón Navarro como presidente de la Audiencia Nacional. Ya lo tienen todo atado y bien atado: el CGPG (con Lesmes al frente, el del control a los jueces con el palo y la zanahoria), el Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional y, faltaría más, la Fiscalía General del Estado. En su voracidad y su codicia no se les escapa nada.

Y ahora el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Grave es que, en vez de caminar hacia la limitación máxima del aforamiento de los altos cargos, lo extienda a la Reina y los Príncipes. Pero lo más alarmante es la posibilidad que abre de arrebatar a un juez natural la instrucción de un  sumario en marcha para encomendárselo a un órgano colegiado de tres magistrados. Las causas las repartirá un Tribunal de Instancia que será presidido por un juez nombrado a propuesta del CGPJ, cuyos miembros son elegidos por los partidos. Y los recursos los verán los TSJ, cuya composición decide también el CGPJ. Y para abrochar del todo la cosa, abre la posibilidad de imputar a quien “perturbe o inquiete” a un juez, o de prohibir a un periodista o a un medio de comunicación que informe sobre algún caso.

Ha cundido que lo de Gallardón no es una reforma, sino una revolución. Yo la percibo como involución. Es más, como una peligrosa involución. Le ha salido al que fue verso suelto una actitud muy poco poética de insistir en el error, de sostenella y no enmendalla. Está poniendo tal empeño en liquidar a Secondat, el barón de Montesquieu, que lo va a conseguir. Y entonces, en la España que quede, quizá la única libertad verdaderamente factible sea la indiferencia. O sea, un drama.