Ayer se cumplieron 30 años del nacimiento, a oscuras, de los GAL, con la desaparición, tortura y asesinato de los etarras Lasa y Zabala. Los GAL fueron una organización terrorista aparejada, controlada y financiada por el Gobierno socialista, presidido por Felipe González Márquez, que acabaron con la vida de 28 personas y saquearon la pasta de los Fondos Reservados.

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Hubo asesinatos, secuestro y pillaje del dinero público. Hubo periodistas, pocos, que nos empeñamos en la verdad, un vicio en desuso, entonces y hoy. Hubo jueces y fiscales, también pocos, perseverantes en hacer Justicia. Hubo, en fin, gobiernos de González muy atareados en obstruir la investigación. Sus operaciones de encubrimiento incluyeron la comisión de delitos de altos funcionarios del Estado. El portavoz y ministro de la Presidencia del Ejecutivo que culminó esa tarea encubridora es aún hoy secretario general del PSOE.

Ya me lo dijo Aranguren, el profesor. Desde el punto de vista del realismo político, desentendido de escrúpulos morales y legales, desde la impura política pura, ninguno de sus responsables asumió públicamente una actuación ilegal e inmoral. Ello no lo hubiera justificado, pero habría permitido que no pagaran sólo los eslabones más débiles de la cadena criminal. González apeló a la razón de Estado al sostener que lo hizo porque de lo contrario “el Estado de Derecho se habría convertido en Estado de deshecho”. Un juego de palabras aclarado cuando dijo que “la democracia se defiende en las tribunas y los salones, pero también en los desagües”. O sea, la tesis de las manos sucias de Sartre. Ya se sabe que el político, cuando está en la oposición, apela diariamente a la ética pero, cuando accede al poder, se olvida de ella o invoca a Max Weber, sin haberlo leído, y se acoge a la ética de la responsabilidad, responsabilidad que ha tomado sobre sí, y de las consecuencias malas si obrase de otro modo para justificar pragmáticamente su conducta delictiva o inmoral. El político siempre procura ocultar su malicia moral. Y la razón de Estado tiene un alma expansiva e insaciable.

Combatir el terrorismo desde un estado de Derecho es más difícil que hacerlo desde la arbitrariedad y la impunidad autocrática.  Claro. Pero un sistema democrático se va al traste cuando, en aras de una hipotética y discutible eficacia, se despoja de su orientación moral y recurre al crimen de Estado. Que es lo que hicieron González y sus sicarios. Renunciar a las convicciones en este terreno, implica, además, convertir a los terroristas en potenciales triunfadores ante la sociedad. Los GAL, además de un delito y un comportamiento inmoral, supusieron un gran paso atrás en la lucha antiterrorista del que tardamos muchos años en recuperarnos.

Treinta años no es nada. Menos aún si quedan protagonistas en activo. Aunque algunos quieran enterrarlos en cal viva, como a Lasa y Zabala, conviene tener los hechos bien presentes. Para que no vuelva a suceder.