Buena parte del descrédito de nuestra Monarquía es responsabilidad de los sucesivos Gobiernos y Parlamentos que hemos padecido desde que Don Juan Carlos I fue proclamado Rey. Todos ellos, de modo irresponsable, han practicado un cortesanismo indeseable. Han hecho dejación de sus funciones. Y por ello estamos como estamos.

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En nuestra Monarquía parlamentaria los actos del Rey son refrendados por el presidente del Gobierno y los ministros, y carecen de validez sin dicho refrendo. Y de los actos del Rey son responsables aquellos que los refrendan.

Desde Suárez a Rajoy, pasando por Calvo Sotelo, González, Aznar y Zapatero, nuestros presidentes han dejado hacer, han jugado a ser groupies del monarca y hoy la institución, esencial en tiempos de desolación y turbulencias, zozobra. O sea, peligra por la fuerza y contraste de los vientos.

Ni con mayorías absolutas ni sin ellas se han encargado de cumplir el mandato constitucional de elaborar una ley orgánica para regular aspectos tan esenciales como las abdicaciones, renuncias, dudas de hecho o derecho en el orden de sucesión, funciones que corresponden al heredero, y tantos otros que, de estar ahora resueltos, nos evitarían tensiones innecesarias.

Lo último, la surrealista rueda de prensa del viernes. ¿De qué el jefe de la Casa Real es quien convoca y habla a los medios? No es quién para hacerlo. O comparece el Rey, o quien informa de la operación es el presidente del Gobierno.

No soy partidario en absoluto de la abdicación de Don Juan Carlos. Pero ausencias largas, con quirófanos y anestesias de por medio, justificarían razonablemente, en una situación de normalidad, decisiones que nos eviten problemas que pueden darse. Lo hacen todos los Jefes de Estado de los países solventes. Ronald Reagan cedió temporalmente el poder durante siete horas para operarse de un cáncer de colon. George Bush durante dos horas por una colonoscopia. El Rey Harald de Noruega durante cinco meses por un cáncer de vejiga. Y muchos más. Como es natural. Aquí, cuando el Príncipe sustituye a su padre de hecho lo hace sin protección jurídica, lo cual puede plantear problemas de todo orden.

Y lo que nos queda por ver. En tanto quienes ejercen el Gobierno no cumplan con sus obligaciones esenciales, mientras sigan considerando que la lealtad es decir lo que un superior quiere oír y no opinar lo que se piensa en conciencia, si nuestros Gobiernos se tomen a la ligera los verdaderos asuntos de Estado y no cumplen con su obligación, seguiremos igual. O sea, mal. En plena zozobra. Un país serio no puede estar sin Jefe del Estado ni un segundo.