• Se trata de material de campamento destinado fundamentalmente a las tropas en el extranjero
  • Calentadores de campaña fueron adjudicados a la empresa Supeim en contra de los criterios de los técnicos
  • Supeim presentaba un producto que no está autorizado a vender al tener la exclusiva en España otro de los licitantes
  • Defensa no ha adoptado aún ninguna decisión pese a estar informados los mandos por escrito y verbalmente

 

MELCHOR MIRALLES

El general Jefe de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, Rafael Blasco Ordoñez, incurrió en algunas irregularidades en los expedientes de contratación de diverso material de campamento que se adjudicó por valor de 1.361.720 euros, según la documentación de la mesa de contratación a la que hemos tenido acceso.

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Según fuentes de Defensa, máximos responsables del Ejercito de Tierra y del Ministerio de Defensa están informados al detalle, por escrito y verbalmente, de todos los detalles de las irregularidades que se han producido en esta adjudicación, y aún no han adoptado ninguna medida contra el general Rafael Blasco, lo cual ha generado enorme malestar entre los mandos que han participado en la adjudicación y que consideran que es inadmisible. Además, según las mismas fuentes, no es la primera vez en que el general Blasco se ve inmerso en asuntos irrergulares.

Se trata de un expediente compuesto por dos lotes. El primero, de grupos electrógenos, por valor de 632.146,6 euros, y el segundo de calentadores de campaña, por valor de 580.560 euros. Este es un material de enorme importancia, sobre todo para las tropas españolas destinadas en zonas de conflicto.

El primero de estos dos lotes, para la compra de 203 grupos electrógenos fue adjudicado a la empresa Manufacturas Metálicas Madrileñas. La recepción del material se llevo a cabo en Italia, a donde se desplazó personal del Ejército comisionado para comprobar los materiales. Algunas de las personas que viajaron eran integrantes de la mesa de contratación. Una vez en el destino, le entregaron a Manufacturas Metálicas Madrileñas una lista en la que se señalaban defectos de carácter menor, que eran conocidos con anterioridad por parte del personal de la compañía. El informe tiene fecha de 27 de septiembre de 2011 y fue entregado el 30 de enero de 2012.

EN CONTRA DEL CRITERIO TÉCNICO

La mesa de contratación exigió la subsanación de las desviaciones que se detectaron, por lo que el material tuvo que ser devuelto a la fábrica. Tres de los defectos que se apuntaban fueron solucionados inmediatamente, y los grupos electrógenos fueron trasladados a España, para corregir aquí los restantes. Por ello, se entregó a la Subdirección de Adquisiciones un escrito comunicando que los grupos estaban preparados para la recepción en las instalaciones de la empresa.

El capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, comisionado para esta recepción, realizó un informe favorable dando el visto bueno a dos de las medidas correctoras presentadas por la empresa sobre los defectos menores localizados, dando por supuesto que habían sido subsanados. En este informe, el capitán dice respecto a la tercera desviación: “Esta dirección técnica no recomienda la modificación de la configuración actual del grupo y se recomienda que el Organo de Contratación aplique otro tipo de medidas, y se ha realizado estimación económica por si procede tenerla en consideración”.

El día 16 de febrero de 2012, el general Rafael Blasco denegó la corrección de esas desviaciones, en contra del criterio sustentado por el informe de los técnicos. Dos meses después, el 11 de abril, el general Blasco inició un expediente de resolución del contrato, por incumplimiento del contratista, alegando que “no existe constancia de la puesta a disposición de los bienes”.

Entonces, el órgano de Contratación exigió, como consecuencia de no haber subsanado una deficiencia en una toma de corriente de 12V, una minoración del importe económico del contrato que suponía una reducción del importe retenido y el posterior reintegro al Tesoro, lo cual se contradice con la propuesta de resolución contractual.

La empresa propuso proporcionar un grupo electrógeno más, valorado en 6.000 euros, como compensación a no modificar el cuerpo de esos grupos, pero el general Blasco se negó y pidió una minoración del importe del expediente de un 10% (casi 60.000 euros), que le sería descontado del pago que realizaría el Ejército de Tierra por los grupos electrógenos. Esta reducción sólo podía hacerse conforme a la ley como penalización en caso de demora, pero en esta caso era imposible porque no era aplicable a un expediente del año 2011 por haber prescrito los plazos y porque Manufacturas Metálicas Madrileñas tenía los grupos dispuestos para la entrega. Además, tampoco se le comunicó por escrito a la empresa esa decisión.

SUPEIM NO CUMPLE LOS REQUISITOS EXIGIDOS

Respecto al segundo lote, el de los calentadores de campaña, fue adjudicado a la empresa Supeim en un procedimiento en el que se detectaron varias irregularidades.

Supeim presentó a concurso como nuevo un calefactor, obtenido sin haber podido explicar cómo, y que se sospecha que pertenecía a una Unidad. Se trata de un calefactor del que Manufacturas Metálicas Madrileñas tiene la exclusiva para venta en España, por lo que ninguna otra firma puede presentarlos a ninguna licitación. La exclusividad es uno de los requisitos que se exigen para poder participar en este expediente.

Supeim no cumple con los requisitos técnicos y, cumplido sobradamente el plazo para resolverlo, sigue sin hacerlo. Por orden del general Blasco, y de modo manifiestamente irregular, se procedió a la apertura de los sobres de oferta económica, incluido el de Supeim, a pesar de que la Mesa de Contratación señaló que esta empresa debía estar fuera con base en un informe previo.

Tras la apertura de los sobres, se le adjudicó a la empresa Manufacturas Metálicas Madrileñas. El general Blasco, en una resolución de 10 de noviembre de 2011, manifestó su disconformidad, y decidió apartar y excluir a MMM por incumplimiento de la cláusula de criterios de confidencialidad, según la cual no debe aparecer el nombre, logotipo o cualquier otro símbolo identificativos del fabricante o licitador. La imputación del general Blasco a Manufacturas Metálicas Madrileñas no se correspondía con la realidad, pues los datos que aparecían en la documentación del modelo presentado no correspondían al fabricante o licitador, sino al distribuidor. Además, el general Blasco certificó que Supeim si presenta una placa de homologación del producto que en realidad no aparecía. Los calentadores de Supeim carecen de ningún elemento identificador o número de serie, y la pegatina que permitiría identificar su procedencia estaba arrancada.

El comandante de Intendencia Roberto Tovar recibió entonces una llamada telefónica de su jefe, comunicándole que por orden del general Blasco, exigiendo un informe paralelo donde se puntuara más al calefactor de Supeim que al presentado por Manufacturas Metálicas Madrileñas, cuando son idénticos.

El general Blasco ordenó posteriormente que se realizara una nueva oferta económica, y antes de que las empresas pudieran formalizarla decidió apartar a Manufacturas Metálicas Madrileñas por incumplimiento de una de las cláusulas. La empresa recurrió la decisión. Al procederse a la apertura de las ofertas, el sobre de Supeim estaba abierto.

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El general Blasco impuso la adjudicación a Supeim en contra del criterio de la Mesa de Contratación, que estimaba que no debía darse por válida la apertura dadas las circunstancias. El coronel De Andrés advirtió de que la contratación estaba viciada, y aún así el general Blasco mantuvo su decisión.

LA MESA SABE QUE SUPEIM NO PUEDE CUMPLIR

Este hecho es grave, porque sólo Manufacturas Metálicas Madrileñas podía distribuir esos calentadores en España, al tener firmado con el fabricante un contrato de exclusiva. Los distribuidores oficiales, Clinic Machine y Kruger, advirtieron, incluso el día anterior de la adjudicación, vía fax, teléfono y carta, que Supeim no estaba autorizado a suministrar los calefactores, y pese a ello el general Blasco se los adjudicó. Y no contento con esto, aun exigiéndose en el pliego que se debía tener la exclusividad, el general Blasco denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia a Manufacturas Metálicas Madrileñas, tomando parte así por Supeim una vez mas.

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Incluso obra en nuestro poder un documento en el que el vocal técnico designado para calificar esta licitación,  señala por escrito, para conocimiento de sus superiores, que “el Organo de Contratación pretende que se admita la muestra de Supeim, que al ser la más barata, sería la adjudicataria. No obstante, la Mesa conoce que no va a poder suministrar los equipos en el supuesto que resultara esta empresa adjudicataria. Este extremo se comentó por todos los componentes de la mesa a raíz de los escritos del fabricante”.

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Hasta la fecha los calentadores no han sido entregados dado que Supeim no los puede adquirir por disponer Manufacturas Metálicas Madrileñas de un contrato en exclusiva.

En todo procedimiento de adjudicación los licitadores deben presentar una garantía definitiva en forma de aval bancario (en este caso era de más de 26.000 euros), que se ejecuta en caso de que el Organo de Contratación acredite incumplimiento contractual, una garantía evidente y habitual para la correcta ejecución del contrato. A Supeim, pese al incumplimiento, se le ha devuelto el aval a pesar de no haber cumplido por causas claramente imputables a ellos mismos en su condición de contratistas y adjudicatarios del lote. Y todo ello a pesar de que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 102.1 que “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista”

Además de estas irregularidades, y según establece la legislación vigente, la empresa Supeim podría estar incursa en baja temeraria al licitar en sus ofertas económicas varios puntos por debajo de la media, hecho por el que se le debía haber dado trámite de audiencia por parte del Organo de Contratación para argumentar su oferta y, en caso de resultar valores desproporcionados, anormales o de difícil o imposible justificación, debió haber sido excluida del procedimiento contractual.