Informativamente, la corrupción puede con todo. No hay día en el que no cope los titulares principales. Ya agota, e indigna. Hasta Messi se ha colado en la lista de los ricos que hurtan información al fisco. Algún ex amigo, o enemigo, si lo prefieren, se ha ido de la lengua, y los sabuesos de Montoro le han enviado a la fiscalía sin que la estrella del Barça pudiera driblarles. El desprestigio de instituciones, grandes empresas y partidos, es sideral. Y de guinda, el Constitucional. Por más que todos sus miembros tengan su prestigio académico y profesional, ni uno sólo de ellos ha sido designado por ellos. Todos y cada uno de los magistrados se sientan en la poltrona por su obediencia inequívoca al partido que los aúpa. No es sólo el dandi Enrique López. Lo son todos. Y así le va a TC, y así nos va a nosotros. Peor que mal.

Imagen de previsualización de YouTube

Esta semana se ha celebrado en Madrid el V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por “Ensemble contre la peine de mort” y la “Coalición mundial contra la pena de muerte”. Y ha pasado muy desapercibido.

Las ejecuciones en nombre del Estado, los crímenes amparados en la legalidad, constituyen una vergüenza para la civilización. El derecho de castigar llevado hasta la eliminación física de un semejante es inaceptable. Todavía hay en el mundo 58 Estados que aplican la pena de muerte. En 2011, 676 seres humanos fueron ejecutados en 23 países, descontando China, que es una máquina de matar cuyos datos reales no se conocen. En 2012 la cifra de personas ejecutadas subió a 682. La mayoría de los 58 Estados que mantienen vigente la pena capital en su legislación son países gobernados por regímenes dictatoriales. Pero aún hay sistemas democráticos que mantienen la pena capital, como los Estados Unidos de Norteamérica y Japón. Asia es la región en la que más ejecuciones se llevan a cabo, seguida del Medio Oriente y Africa del Norte. China y Corea del Norte no ofrecen cifras oficiales. En Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen las cifras de ejecuciones son elevadísimas.

Los Gobiernos que mantienen vigente el crimen legalizado apelan a su derecho nacional. Pero la aplicación de la pena capital es asunto que concierne a todos, viola la legislación internacional y los principios fundamentales del derecho. Más aún cuando la aplicación de esta pena es consecuencia normalmente de procesos judiciales en los que los acusados no gozan de un juicio justo, en países en los que las garantías de los acusados son una quimera. Aún hoy se ejecuta a menores de edad, a niñas que no han respetado una ley insoportablemente machista, a deficientes mentales. Y a inocentes. Porque hay errores. Muchos.

Aunque las cifras son frías y poco literarias, conviene asomarlas al escaparate de las columnas y los comentarios de prensa. Reconocer como legítimo y legal quitar la vida al prójimo supone sentar las bases de cualquier otro tipo de violencia. Si aceptamos que se puede matar legalmente, con mayor razón se podrá torturar, mutilar o violar al amparo de una ley. Mientras haya un solo Estado que aplique esta pena, mientras haya riesgo de que los países que no ejecutan desde hace muchos años retomen esta odiosa costumbre, conviene recordarlo. Lo dejó escrito hace años Daniel Sueiro: si es lícito matar, todo es lícito.