Gallardón se ha envainado la propuesta mordaza. Pero el peligro sigue latente. Los expertos que le hacen el trabajo pretendían imponer la censura. Querían darle a los ropones con puñetas un artículo 132 para entalegar a los filtradores y a los periodistas que contaran lo que pasa en los juzgados. Escrito está. O sea, que pretendían imponer la justicia en secreto. A hurtadillas.

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Para defender los derechos de los ciudadanos imputados, encausados y defendidos se marcaron un borrador que ni Corcuera con la patada en la puerta. Argumentaban esa milonga de que hay que evitar los juicios paralelos. ¿Paralelos? No sé qué son los juicios paralelos. Los que sí sé es que, desde tiempo ya inmemorial, las grandes causas de los juzgados han sido posibles a partir de denuncias periodísticas. Hemos sido algunos periodistas los que hemos tirado de la manta,  los que hemos desnudado la verdad, muy a menudo a pesar de los fiscales y los jueces. Siempre a pesar de los políticos en el poder, apoyados por los políticos en la oposición, hasta que llegaban de nuevo al poder. Entonces se olvidaban ¿Juicios paralelos? Me parto. De los GAL a los ERE, de aquel Diario 16 o este Mundo hasta el ABC, ha sido la prensa, alguna prensa, la que ha hecho ese trabajo imprescindible. Y después han venido algunos fiscales o jueces con un par a rematar el trabajo en lo legal. Pero siempre después. ¿Hacemos la lista de los fiscales liquidados por atreverse con el poder, desde Melitino García Carrero hasta la fecha? ¿O la de los jueces masacrados a los que  se torpedeaba desde el Ejecutivo para que no llegaran a las muchas X que hay que desvelar? No tendría espacio en una columna para detallar tanta miseria. ¿Juicios paralelos? No, eso es una excusa barata. La ley vigente posibilita sancionar al periodista que vulnera los códigos.  Sin una prensa libre no hay democracia que valga. Y seguirá siendo la prensa la que desnude la verdad, a pesar de los gallardones que son y serán y de los expertos de encargo. La que investigue la golfería. La que descubra al delincuente. Para que después los jueces hagan su trabajo. Si pueden, si llegan a tiempo. Si el Ejecutivo y el Legislativo de turno no consiguen, como casi siempre,  que lleguen tarde para una pronta prescripción. O, sencillamente, que no lleguen.

El peligro sigue latente, decía. No sólo éste de la censura que creíamos desterrada para siempre. Hasta la Asociación Europea de Jueces cree que lo conocido de la reforma en la que trabaja Gallardón pone en peligro la independencia del poder Judicial. También por el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Y claro, lo más gordo, colocar al fiscal como responsable de la investigación penal, cuando el Ministerio Público depende orgánicamente del Gobierno que manda y lo copa todo. Andan revolucionados, desconfiados y cabreados los magistrados y los policías, que se temen la que se avecina. Tiene toda la pinta de que estos expertos obedecen a un encargo: darle forma jurídica a un modo de convertir nuestra justicia en un mero artilugio al servicio del poder. Y el poder, enterrado hace tiempo Montesquieu, es el del Gobierno de turno. Y los ciudadanos atónitos. Nos hablan de regeneración, de cambiar el sistema. Y cada paso que dan perfecciona su impunidad. Una impunidad insoportable.