Ha sobrevolado subrepticiamente los medios una noticia preocupante: el PP ha sancionado a seis senadores, el popular Juan Morano, los miembros del PAR integrados en el PP Rosa Santos, José María Fuster y Ascensión Burro y las senadoras del Centro Canario Nacionalista, coaligado al PP, Luz Marina Socas y María del Carmen Suárez. Todos ellos rompieron la disciplina de voto en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, los cuatro primeros por apoyar trece enmiendas de la oposición para aumentar las dotaciones destinadas al sector de la minería y las dos últimas por apoyar iniciativas propuestas por Coalición Canaria.

Conviene recordar al PP, y al resto de las formaciones, que la Constitución establece en su artículo 6 que «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política…Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”. Sí, no me lo digan, no me acabo de caer del guindo, ya se que la Carta Magna dice también que todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar y a tener una vivienda digna, y otras muchas cosas que ya no forman parte ni de los sueños de muchos ciudadanos. Pero en este caso resulta especialmente sangrante el incumplimiento constitucional  que llevan a cabo los implacables, corruptos, viciados e insoportables aparatos de los partidos.

A los representantes elegidos democráticamente por sufragio universal en las urnas hay que exigirles que cumplan con su obligación defendiendo fielmente los intereses del votante y del territorio al que representan, ya que el legislador fue cuidadoso al atribuir los escaños a las personas y no a las formaciones bajo cuyas siglas concurren a las citas electorales. Los diputados y senadores deben actuar en conciencia, y debiera ser ilegal que un partido pudiera sancionar a uno de ellos por actuar según el dictado de su propio criterio. Esta es una disciplina insoportable.

No es el PP el único partido que establece sanciones a quienes se nieguen a actuar servilmente y limiten su actividad parlamentaria a presionar una tecla según le indique el jefe de su grupo, incluso a veces con los pies en vez de con las manos.

Cada día se evidencia más hasta que punto necesitamos en España un rescate de democracia, una regeneración a fondo del sistema y si me apuran una reforma Constitucional para adecuar el texto de la norma suprema a la realidad social que vivimos, en todos los ordenes. No es solo el Tribunal Constitucional, no. Son todos los pilares esenciales de las columnas que sostienen la bóveda del Estado de Derecho los que urgen de un rescate a fondo para que los ciudadanos puedan creer de verdad en un sistema que sigue siendo el mejor de los que conocemos. Y este rescate no nos lo van a hacer en Bruselas o Estrasburgo, donde andan igual o peor. Depende solo de nosotros. Vamos, de ellos, de los legisladores. Pero me temo que, visto lo visto, están los aparatos partidarios tan ocupados del dinero y de ellos mismos que no les interesa. Y si a  alguno se le ocurre proponerlo, igual hasta le multan. Así nos luce el pelo. ¡Qué país, Miquelarena, qué país!