No se habla en medios policiales en estos días más que de dos asuntos, ambos relevantes y de fuste político y profesional. Uno, la decisión que tome la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación con el Caso Faisán, que tiene a los funcionarios especializados en la lucha contra el terrorismo en vilo, y el otro las decisiones que vaya a tomar el PP cuando llegue al Gobierno en relación a los altos cargos del Ministerio de Interior, que les quita el sueño.

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He podido hablar en los últimos días con casi una decena de policías que dedican desde hace años su vida a la lucha contra ETA. No se representan más que a ellos mismos, pero es un termómetro de cómo andan las cosas. Todos ellos muestran su preocupación por el desenlace del Faisán, esperan la reacción de los implicados, en especial la del inspector José María Ballesteros, y consideran escandaloso, como no puede ser de otro modo, que se haya podido perder la prueba original del caso, la cinta original de la grabación de la conversación entre Joseba Elosúa, el dueño del bar y hombre clave del entramado del chantaje etarra con su cuñado, Carmelo Luquin. El Sindicato profesional de Policía, SPP, considera que “la falta del soporte que contiene la conversación de la baliza original” puede suponer la nulidad de todo lo actuado y el Sindicato Unificado de Policía, SUP, cree que esta desaparición puede ayudar a la estrategia de las defensas de los policías y mandos acusados “pero supone que seguirán sin ser identificados, detenidos y enjuiciados los culpables del chivatazo a ETA”.

EL ANIMO DE LA TROPA ESTA TIRANDO A BAJO

No se, y no saben los policías de base, los que se baten el cobre en la calle cada día, si al final habrá “silencio de los corderos” como decía la dirigente popular Soraya Sáenz de Santamaría sabiendo de lo que habla o alguno, previsiblemente Ballesteros o el propio Jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés, tirará de la manta. Lo que si he constatado es que el ánimo de la tropa está tirando a bajo como consecuencia de las decisiones políticas adoptadas en los últimos meses por el Ministerio de Interior, tanto con Rubalcaba como con su fiel y leal Camacho al frente del departamento. Los funcionarios consideran que las cosas no se han hecho bien, reprochan “a los políticos” no tener en cuenta las repercusiones de sus decisiones en quienes hacen el trabajo del combate contra ETA y como dan por finiquitado, como todos, a este Gobierno, esperan como agua de mayo al Gobierno de Rajoy con expectación por las decisiones que vaya a adoptar en la casa y la estrategia y las ordenes que les vayan a transmitir, que intuyen con buena lógica bien diferentes a las que reciben en la actualidad.

La primera duda, que no van a poder despejar hasta después del 20-N, es quién va a ocupar la cartera ministerial de Interior. Ellos saben, como todos, que Mariano Rajoy baraja dos posibilidades: alguien, del partido o no, con conocimiento detallado de la materia y experiencia en asuntos de seguridad e información, conocedor de los detalles de la política en especial en el País Vasco o un peso pesado del partido, de su máxima confianza, bregado en la batalla política con el PSOE, con la espalda ancha para aceptar críticas, bagaje parlamentario y capacidad de conectar con la opinión pública y los medios. Quienes han hablado conmigo no expresan preferencia, pero consideran clave que “quien asuma esa cartera tenga como prioridad reforzar la moral de los funcionarios, igualar el trato entre Policía y Guardia Civil, dotar de medios y confianza a los especialistas y buscar el consenso y no la refriega constante con el adversario político”.

Y por todo ello, esperan intrigados y preocupados la estrategia que el nuevo Gobierno vaya a adoptar sobre todo en lo que se refiere a los nombramientos en la cúpula de mando. En la memoria está el criterio seguido en su día por el PP cuando Aznar llegó al poder con Jaime Mayor Oreja como primer ministro de Interior, no modificados sustancialmente después por Rajoy y Acebes: no hacer purga, no ser revanchistas, retocar lo mínimo y confiar en la experiencia en la lucha antiterrorista. Así lo hicieron, pero con un matiz: no tuvieron en cuenta, además de esas máximas razonables, las lealtades políticas de algunos funcionarios, y el hecho de que más de uno anteponía esa fidelidad y el agradecimiento por asuntos más que personales al cumplimiento de sus obligaciones, y pasó lo que pasó.

EL GRAN ERROR CON FELIX HERNANDO

Mayor Oreja ha reconocido muchas veces a micrófono cerrado que se equivocó en alguno de los nombramientos clave y que “entre no hacer una purga y actuar sin revanchismo, confiando en la profesionalidad funcionarial y no tocar los puestos esenciales buscando gente menos contaminada por la política y sin deudas personales con anteriores gobiernos hay un trecho que nosotros no transitamos, y lo pagamos gravemente después”.

Quizá el mayor exponente de un error tan formidable fue mantener al entonces coronel de la Guardia Civil Félix Hernando al frente de la Unidad Central Operativa (UCO). Hernando, ascendido después a general de brigada por Rubalcaba, fue clave en la trama de los GAL hasta el punto de ser quien, personalmente, junto a Juan de Justo, se ocupó de trasladar a Suiza en varios viajes 400 millones de las antiguas pesetas que fueron ingresados en las cuentas corrientes de José Amedo y Michel Domínguez para pagar su silencio respecto a la trama de los GAL.

Sucedido el 11-M, Hernando fue clave para llevar a la ruina política al ministro Acebes y al Partido Popular, ya que la información que desde la UCO le llegó en los días posteriores a la matanza fue equivocada, deliberadamente o no, y condujo al ministro y al Gobierno a gestionar políticamente las consecuencias del mayor atentado terrorista de la historia de España de modo nefasto. Hernando era el responsable de la UCO, que fue clave en la investigación del 11-M. Esa Unidad Operativa era quien tenía “en nómina” como confidentes a varios de los implicados, especialmente a Rafá Zouhier, y las contradicciones entre lo declarado por Zouhier, por sus controladores de la UCO y por el propio coronel Hernando ante las autoridades judiciales, principalmente a cuenta de la información que pudiera obrar en la UCO, con anterioridad al 11-M, acerca de la trama de tráfico de explosivos asturiana, y su actitud obstruccionista y evasiva tuvo como consecuencia que aún hoy los españoles no sepamos cuál fue el papel que esa unidad jugó tanto antes, como después del 11-M, aunque muchos lo sospechemos.

UNA LIMPIEZA IMPRESCINDIBLE

Y ese es el dilema que ocupa a los funcionarios de la lucha antiterrorista: ¿habrá purga en Interior? ¿Actuará Rajoy  como lo hizo Aznar  a través de Mayor Oreja? Mi impresión, sin disponer de una encuesta demoscópica, es que una inmensa mayoría de los especialistas en antiterrorismo y delincuencia organizada consideran imprescindible si no una purga (la palabra asusta), sí una limpieza a fondo de altos cargos y el nombramiento de funcionarios cualificados, que los hay, que puedan desarrollar un trabajo de importancia decisiva sin ataduras políticas, que carezcan de hipotecas personales y profesionales, que no le deban nada a nadie, que sean leales al Estado que les paga, que puedan desarrollar su trabajo sin tanta interferencia interesada. Llegados al punto faisanesco que vivimos, tengo claro que Interior necesita que se abran las ventanas y airear una casa excesivamente contaminada. ¿Purga? Pongan el nombre que más les guste. Pero o lo hacen o lo pagarán de nuevo, lo cual, la verdad, me preocupa entre nada y nada por el PP, pero me parece esencial por los ciudadanos que deseamos una Policía y una Guardia Civil eficaz, que no esté al servicio de partidos ni de personas, y por unos policías y guardias civiles que están hastiados de un Ministerio que, bajo los Gobiernos socialistas no ha tenido un sólo ministro sin problemas gravísimos, incluso con la Justicia. Desde los GAL de Barrionuevo y Corcuera, hasta el Faisán de Rubalcaba y Camacho pasando por la fuga de Roldán que forzó la decente dimisión del honrado Asunción o la falsificación de los papeles roldanescos de Laos del biministro Belloch asesorado por quien entonces era su eficaz mano derecha en Justicia, María Teresa Fernández de la Vega. Solo José Antonio Alonso, ministro desde abril de 2004 hasta abril de 2006, no se vio salpicado por ningún escándalo.

Siendo esencial para el PP y para todos los españoles la cuestión económica y la salida de la crisis, esta es sin duda la segunda gran decisión que ha de adoptar Mariano Rajoy una vez que llegue al Gobierno. Estaremos atentos a la pantalla. Los precedentes de su partido son preocupantes. Pero me da la impresión de que el líder popular tiene aprendida la lección y tenemos la ventaja de que el futuro presidente de Interior conoce bien la casa después de haber ocupado la cartera de Interior algo más de un año.

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