Los mandos y funcionarios especializados en la lucha antiterrorista de la Guardia Civil y la Policía están indignados por la actuación de la Policía y la Justicia francesa respecto a la ex dirigente de la ilegalizada Batasuna Aurore Martin, a quien no detienen pese a estar perfectamente localizada y con reiteradas exhibiciones en actos públicos desde hace un mes, pese a que pesa sobre ella una orden de detención de la Justicia española y a que el Tribunal Supremo francés emitió un dictamen definitivo avalando su entrega a la Justicia española por “integración en banda terrorista”. Las fuentes de ambos cuerpos policiales consultadas consideran que no se trata de un hecho aislado, sino que es “un síntoma de algo mucho más grave, que viene sucediendo hace muchos años, y que constituye una afrenta a las víctimas y a quienes nos jugamos la vida en la persecución de estos delincuentes”.

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Aurore Martin, de 32 años de edad, está perfectamente controlada por la Policía francesa y la última vez que compareció en un acto público fue el domingo 3 de julio en el festival musical Euskal Herria Zuzenean (País Vasco en directo) en la localidad de Hélette, en el suroeste de Francia, durante un festival musical al que asistieron más de 15.000 personas. La responsable del festival, Elisabeth Aizager declaró a la agencia France Press que la aparición de la ex dirigente de Batasuna “estaba prevista en el marco de las actuaciones” que diseñan un grupo de militantes y simpatizantes etarras e “indignados” españoles y franceses para proteger a Martin, y añadió que “hemos acogido a Aurore entre nosotros, la apoyamos e invitamos a todos a que tomen el relevo de esta muralla popular” para evitar su detención y entrega a España.

EL MAL EJEMPLO DE RUBALCABA CON LOS INDIGNADOS

La actitud francesa  frente a ETA es uno de los mayores quebraderos de siempre en la diplomacia y la acción política del Gobierno español. La colaboración de Francia en la lucha contra el terrorismo está de nuevo en evidencia y tiene muy enojados a los especialistas antiterroristas del Ministerio de Interior. El último episodio, la paralización forzada de la detención de Aurore Martin, reclamada por la Audiencia Nacional por su vinculación con ETA, ha encendido de nuevo los ánimos y vuelve a poner sobre el tapete la dificultad del trabajo que desarrollan la Guardia Civil, la Policía y los servicios secretos en el combate del terrorismo etarra. En los cuarteles generales de las FSE no se comprende como Francia parece haber renunciado por el momento a detener a la joven dirigente abertzale, que evitó ser capturada gracias al acoso a que sometieron a los incautos agentes franceses un nutrido grupo de simpatizantes y activistas proetarras, a los que se sumaron unos cuantos “indignados” de uno y otro lado de la frontera. Madrid sigue esperando que los franceses procedan a la detención y entrega a España, que la propia Martin, en sus comparecencias ante los medios, daba por segura.

En conversaciones oficiosas entre funcionarios policiales españoles y franceses, estos han hecho ver a sus colegas que “nos está pasando lo mismo que a ustedes con los que protestan en las calles. En vuestro país también la Policía no ha podido actuar, las masas pueden con los operativos diseñados e incluso hemos visto como grupos de manifestantes impiden cada poco actuaciones ordenadas por jueces. Esto es lo mismo que nos pasó a nosotros, y si estamos quietos es porque no queremos que se repita”. Cuando reciben esta respuesta a su insistencia en que actúen, los funcionarios españoles me explican que tuercen el gesto y se callan, “por no decir lo que pensamos. Estas son las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por el ministro Rubalcaba, mucho más graves de lo que muchos pueden creer”.

Históricamente, Francia ha mantenido una actitud cínica en el combate del terrorismo etarra. Los intereses y la necesidad de colaboración han llevado a las autoridades españolas, tanto con los Gobiernos del PSOE como con los del PP, a tener que alabar en público a las autoridades francesas por su colaboración, que tantas veces ha sido considerada “modélica, ejemplar e imprescindible” en la lucha contra el terrorismo. Los responsables de los sucesivos ministerios de Interior, los ministros de Justicia y Exteriores y los presidentes del Gobierno han tragado sapos y culebras y no se han cansado de brindar elogios a sus colegas franceses. Incluso hemos colmado de medallas a altos mandos del país vecino. Todo ello por el bien mayor de mejorar una actividad policial y judicial que de modélica no tienen nada y de la que ETA se ha aprovechado en su propio beneficio.

ESPAÑA “INCENTIVA” CON FONDOS RESERVADOS EN FRANCIA

Durante años Francia, en especial el departamento 64, fue el santuario etarra en el que los terroristas campaban a sus anchas y se movían como Pedro por su casa. Con Giscard dÈstaing el asunto alcanzó ribetes insultantes. Cada día Francia otorgaba el estatuto de refugiado a dirigentes y activistas etarras y España hasta se planteó en diversas ocasiones romper relaciones diplomáticas. El Gobierno español conocía de primera mano la existencia de un acuerdo tácito mediante el que ETA tenía garantizada la tranquilidad mientras no cometiera atentados en territorio francés y no generara problemas a sus autoridades, y los terroristas respetaban al máximo el pacto.

Con François Mitterrand las cosas cambiaron lentamente, y no sin dificultades. Con la aparición de los GAL, organizados, controlados y financiados por el Gobierno de Felipe González, Madrid consiguió que la Policía francesa comenzara a incomodar a los etarras y se aceleraron unas extradiciones que costaba muchísimo que se concedieran. Los ministerios de Interior socialistas comenzaron con una tradición, consistente en utilizar parte de los fondos reservados para “incentivar” a policías y jueces franceses en la lucha contra ETA. Las declaraciones públicas de los políticos con permanentes elogios a la colaboración francesa también desatascaban algo el problema, pero fueron la desaparición de los GAL en 1987, los acuerdos para compra de material francés en el AVE y otras operaciones mercantiles las que llevaron a Francia a dar los primeros pasos de mejora. Así de claro, y de duro. “Es una vergüenza”, comentan las fuentes consultadas en la Guardia Civil y la Policía, “ya es hora de desenmascarar este cinismo. habría que ver que decía Francia si Alemania acogiera en su seno un grupo terrorista que actuara en su territorio, y no digamos nada si fuera España la que actuara de este modo con ellos”.

No es nuevo, de siempre Francia ha utilizado la modulación en la colaboración antiterrorista como moneda de cambio política y económica, obteniendo ventajas políticas y beneficios económicos a cambio de poner en marcha operaciones contra ETA “que siempre son fruto de nuestro trabajo, de la Guardia Civil, la Policía y los Servicios Secretos españoles. Ellos solo actúan cuando les ponemos contra la espada y la pared, pero información, la tienen toda. Para no hacer nada”. España ha tenido que seguir la estela francesa en materia de política exterior y ha tenido que conceder favores económicos de cuantía considerable con grandes compañías para que el país vecino actuara contra ETA.

En 2010, cuando un comando etarra acabó con la vida de un gendarme francés, las autoridades galas le hicieron llegar a ETA un mensaje nítido: nunca más. Apretaron las clavijas a los terroristas y les forzaron a mover parte de su infraestructura y a instalar a los miembros de sus comandos en otros países como Bélgica, Italia, Suiza, Gran Bretaña y Austria.”Esta es la realidad, y nosotros, quienes estamos en la calle, quienes hacemos el trabajo a que nos obliga la ley, quienes nos jugamos la vida, estamos dolorosamente hartos de que Francia haga este juego sucio, inmoral, y encima tengamos que estar todo el día elogiando su trabajo. ya está bien”, comentan indignados los mandos y funcionarios antiterroristas consultados.

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