El sanguinario etarra Antonio Troitiño fue excarcelado el pasado día 13 tras pasar 24 años en prisión. Se han cometido muchos errores. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el más que peculiar magistrado Alfonso Guevara le liberó anticipadamente al aplicar un criterio contrario al aprobado por la Sala de lo Penal hace un año. La Fiscalía recurrió inmediatamente al entender que Guevara había interpretado erróneamente la doctrina del Constitucional sobre el cómputo de la prisión restando la prisión preventiva de los 30 años de cumplimiento máximo y no abonando según se vayan cumpliendo las diversas penas por las que fue condenado, criterio con el cual Troitiño no saldría hasta el 2017. El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez convocó un pleno para unificar criterios doctrinales, pero no llegó a celebrarse. Guevara dictó una orden internacional de detención repleta de errores que llego a la fiscalía de Pau sin todos los requisitos legales para tramitarla. Y entre tanto, el etarra desapareció. Y según El Mundo está camino de Venezuela, aunque para La Razón se oculta en un piso en España o Francia.

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Estos son los hechos, que han generado ríos de tinta. Me sorprende cómo una inmensa mayoría compra la mercancía de que en un Estado de Derecho no se puede vigilar a un ciudadano libre, excarcelado por un juez, tras haber cumplido la pena a la que fue condenado. Después de hablar con penalistas varios, de diferentes procedencias ideológicas, me ratifico en mi criterio. Dadas las condiciones de la excarcelación, el contexto en el que el ciudadano se iba a reincorporar a la vida civil, los antecedentes conocidos y el perfil del individuo en cuestión, no es que pudiera ser vigilado, es que era obligación estricta de la Audiencia, de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del CNI aplicar medidas específicas, limitadas en el tiempo, y controladas por la autoridad judicial, de vigilancia policial, porque es obligación de los jueces y de la Policía prevenir los delitos y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y Troitiño es aún una amenaza para todos.

Y considero que puede existir responsabilidad en quienes tenían la obligación de actuar, en aplicación de la legislación vigente, para evitar la fuga del este etarra. Con todas las limitaciones legales, pero actuar conforme a la ley vigente en España, es decir, al Código Penal, el reglamento penitenciario, la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y la Ley Orgánica que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La ausencia de estas medidas, la falta de actuación de los poderes públicos, ha tenido como consecuencia una evidente lesión de bienes jurídicos esenciales protegidos por la ley en beneficio de todos los ciudadanos.

La Audiencia Nacional y las FSE estaban obligadas a vigilar a Troitiño, a abrir nuevas vías de investigación respecto a las circunstancias en que se iba a ¿reintegrar? esta etarra en la sociedad y a prevenir, detectar e imposibilitar que volviera a delinquir o a poner en riesgo los derechos y libertades de todos o la seguridad del Estado. Con limitaciones como hacerlo bajo control judicial, sin hacer entradas en domicilios o registros, sin interceptar comunicaciones, …., las que estableciera el juez, pero vigilarle para evitar nuevos delitos o que se sustrajera a la acción de la Justicia quebrantando la condena, como ha hecho.

Por ello, que no nos vendan mercancía garantista averiada. A Troitiño debían haberle vigilado y no lo han hecho. Y Troitiño se ha fugado, se les ha escapado. Y ello debe derivar en la asunción de responsabilidades. De un lado, las eventuales responsabilidades disciplinarias de jueces que se sustancian en el Consejo General del Poder Judicial, y de otro, las responsabilidades políticas, que se sustancian o debieran sustanciarse en el seno del Gobierno, en el Parlamento y en las sedes de los partidos. Y en política, en los países con democracias consolidadas, cuando un preso de tal peligrosidad se fuga, el ministro del ramo dimite inmediatamente. Incluso en España, aunque parezca mentira, alguien lo hizo: Antoni Asunción, ministro de Interior de un Gobierno presidido por Felipe González, dimitió cuando se comprobó que Luis Roldán se había escapado.

Esto es lo que hay, y el resto son milongas para tenernos entretenidos.

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