Durante una semana, junto a Javier Chicote en EL CONFIDENCIAL, hemos venido aportando datos avalados cada uno de ellos por la documentación correspondiente que acreditaba su veracidad, que demuestran que Iván Chaves, hijo de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente del Gobierno, dedica buena parte de su actividad profesional a trabajar como comisionista e intermediario de empresas para conseguir contratos con la Junta de Andalucía o que la propia Junta pagara deudas pendientes a esas compañías. Nadie hasta la fecha ha podido desmentir uno solo de los datos aportados en exclusiva por EL CONFIDENCIAL, que en resumen serían:

1.-Iván Chaves intermedió para empresas ante la Junta siendo su padre presidente, cobrando comisiones que alcanzaban hasta el 45%. Firmaba la mayoría de los contratos en calidad, literalmente, de “comisionista”

2.-Iván Chaves contabilizó más de 20 reuniones que incluyeron a su propio padre, a consejeros y altos cargos del Gobierno andaluz y representantes de cajas de ahorros en tan solo 3 meses.

3.- Manuel Chaves promocionó a la empresa Bogaris siendo presidente de la Junta el mismo mes que su hijo Iván le facturó 28.000 € por presentar un informe sobre “el pasado, presente y futuro del aceite de oliva virgen en el mundo”.

4.- Un promotor contrató a Iván Chaves para conseguir licencias urbanísticas ante la Junta. El hijo del vicepresidente firmó un contrato con Javier Olaegui en el que pactaban repartirse al 50% todas las comisiones que consiguieran. En el contrato se especifica literalmente que Iván cobraría su comisión por “estudiar y analizar el mercado, iniciar el contacto y desarrollar y participar en las negociaciones con las administraciones competentes, realizar los informes necesarios, asistir a las reuniones cuando sea requerido por el arrendatario y atender y colaborar con éste en las negociaciones”.

5.-Uno de los documentos de la contabilidad de Iván Chaves refleja que una de sus empresas facturó 59.603 € a dos empresas adjudicatarias de concursos de la Junta de Andalucía que habían logrado contratos por 116.441 € a cambio de cinco informes para la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y las Consejerías de Cultura e Innovación.

6.- Iván Chaves ofreció a sus clientes contratos con cuatro Consejerías y dos Ministerios.

7.- Iván Chaves tiene como cliente en un contrato a las sociedades del grupo Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales, de la que es administrador Severiano López Martín, ex asesor fiscal de Juan Guerra. Además, el hijo del vicepresidente se reserva en un contrato las comisiones que consiga con Estudio Jurídico Itálica, una asesoría legal y financiera de Javier Pérez Royo y Amparo Rubiales, conocidos en Sevilla como “los conseguidores”, destacados dirigentes socialistas históricos andaluces, ambos íntimos amigos de Manuel Chaves y Felipe González.

Imagen de previsualización de YouTube

CHAVES : “CONDENAN A MI FAMILIA A LA MUERTE CIVIL”

A partir de la exclusiva de EL CONFIDENCIAL, El Mundo ha ido repicando las informaciones de este diario y las reacciones del PSOE y sus mariachis y de Manuel Chaves han sido, cuanto menos, peculiares. Tras hablar de una campaña del Partido Popular para desacreditar a Chaves y al PSOE de cara a las elecciones, han insistido en reclamar que quien crea que se han cometido delitos que acuda a los tribunales y han hablado de una persecución familiar contra el vicepresidente del Gobierno. El propio Chaves habló ayer en el Congreso de una campaña “para condenar a mi familia a la muerte civil”. Pero previamente, el martes, en la cadena SER, el propio Manuel Chaves reconocía que su hijo Iván ha asesorado a empresas que tienen o han tenido relaciones con la Junta.

¡Dios bendito! En EL CONFIDENCIAL nadie ha hablado hasta la fecha de delitos, nadie hace campañas políticas y nadie persigue la muerte civil de familia alguna. Nuestras informaciones acreditan unos hechos que hasta el momento no han sido desmentidos, porque no pueden serlo al estar soportados todos ellos por pruebas documentales.

Yo creo que el asunto es bastante fácil de entender, y considero que el vicepresidente del Gobierno debiera presentar su dimisión aceptando de este modo su responsabilidad política por unos hechos que es posible que a la luz de la actual legislación no constituyan delito (como la Fiscalía no actúa, probablemente nunca lo sabremos), pero que en términos éticos son absolutamente incompatibles con el ejercicio de un cargo público. No se si la actual Ley de Altos Cargos, vigente en Andalucía desde 2005, que establece la obligación de inhibirse en contratos y adjudicaciones cuando hay intereses que afectan a parientes de hasta segundo grado le es aplicable o no a Chaves. Lo que si sé es que debió tomar alguna medida al conocer la actividad a que se dedicaba su hijo, y no lo hizo.

EL PROBLEMA ESTA EN LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICABA

“Lo que quieren es que mis hijos se vayan a trabajar fuera de España”, dijo ayer, compungido, Manuel Chaves en el Congreso. No, señor vicepresidente, no. Es verdad que, lamentablemente, gracias al sistema, al régimen creado por usted y su partido en Andalucía, probablemente no haya una sola empresa en la Comunidad Autónoma que pueda sobrevivir sin la Junta. El problema no está en que su hijo trabajara en o para esas empresas, el problema está en la actividad a la que se dedicaba. Porque su hijo Iván podría perfectamente trabajar en cualquier compañía si su actividad en las misma no fuera la que era, comisionista e intermediario de contratos adjudicados por usted y sus subordinados, cobrando a cambio de conseguir la voluntad favorable de la Administración de la que usted era responsable . Si Iván hubiera trabajado en estas compañías de jefe de informática, de medico, de responsable de recursos humanos, de ingeniero, …….. no se habría planteado problema alguno. El asunto que le sitúa en una posición insostenible es que su hijo a lo que se dedicaba era a trabajar cobrando dinero a cambio de actuar como “conseguidor” ante la Administración de la que usted era presidente Eso es lo que le coloca a usted en una situación ética y moralmente inaceptable .

Pero claro, uno lee ayer a Javier Chicote en este diario y se entera de que existe en la Administración central una Oficina de Conflicto de Intereses, creada a partir de una ley de 2006 para vigilar este tipo de actividades, cuyo máximo responsable es Manuel Chaves, y entonces se entiende que esta Oficina, que tendría la responsabilidad de actuar de oficio, no haya movido un dedo en este caso.

Los hechos son los hechos, y nadie puede desmentir una línea de lo publicado por EL CONFIDENCIAL. Mi opinión es mía, y no tiene que ser compartida. Quizá si se vota en el Congreso la propuesta de la  UPyD de Rosa Díez contra la corrupción descubrimos que muchos políticos están de acuerdo conmigo, también en el PSOE, un partido compuesto en su inmensa mayoría por personas honradas al que unos pocos están haciendo tanto daño.

Ver el original en elconfidencial.com »