Iván Chaves, “el comisionista” (VI)

También para Pérez Royo y Amparo Rubiales, “conseguidores” del PSOE andaluz

por Melchor Miralles y Javier Chicote

El hijo de Manuel Chaves cuenta con una nutrida cartera de clientes a los que presta sus servicios como asesor económico. Entre las empresas que identifica como clientes en uno de sus contratos están las sociedades del grupo Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales. El administrador de esta firma es el economista Severiano López Martín, el que fuera asesor fiscal de Juan Guerra.

El hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue acusado de utilizar su despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía para actividades privadas. Para defenderse en el juicio, Juan Guerra se hizo con los servicios de Severiano López Martín, que testificó en el tribunal como perito a propuesta de la defensa. Guerra y su socio fueron condenados a dos penas de un año de cárcel cada una por un fraude fiscal de 253.627 euros. El hermano del dirigente socialista no pagó la multa. De hecho, un juzgado de Sevilla archivó el caso el pasado 28 de marzo y declaró insolvente a Guerra.

Iván Chaves también trabaja para Dal Auditores, de la que Severiano López fue administrador único hasta 2004, según datos del Registro Mercantil. El 11 de agosto de 2008 el hijo del entonces presidente de la Junta de Andalucía facturó 23.200 euros a la citada sociedad. El concepto de la factura, a la que ha tenido acceso El Confidencial, es “trabajos de auditoría de cuentas de abril a julio de 2008”.

Serveriano López ha dicho a El Confidencial que actualmente no tiene “ninguna vinculación con DAL Auditores” y que Iván Chaves no ha trabajado para su grupo empresas. Asegura desconocer “por qué Iván identificaba a mi compañía como cliente en ese contrato”.

En el contrato de asociación entre Iván Chaves y Javier Olaegui, cuyo contenido publicó El Confidencial, el hijo de Manuel Chaves deja al margen del reparto de las comisiones las que consiga con el grupo del asesor de Juan Guerra y con otra empresa, Estudio Jurídico Itálica, hasta un máximo de 80.000 euros, que irían directamente a su empresa, Cexmark Soluciones. Se trata de la asesoría legal y financiera de dos destacados socialistas andaluces (provenientes del PCE), Javier Pérez Royo y Amparo Rubiales, ambos íntimos amigos de Manuel Chaves y de Felipe González.

“Todo el mundo sabe en Sevilla que si quieres conseguir contratos con la Junta, ahí están Amparo Rubiales y Pérez Royo, los conseguidores del régimen”, afirma un diputado autonómico del PP.

Pérez Royo, abogado, fue rector de la Universidad de Sevilla, mientras que Rubiales, también letrada, fue consejera de Presidencia en el primer gobierno de la Junta y actualmente es miembro del Consejo de Estado. Según fuentes políticas, Estudio Jurídico Itálica es el despacho clave que contratan las empresas que necesitan influencia en la Junta de Andalucía. Asesora, entre otras, a promotoras de obra pública. “Todo el mundo sabe en Sevilla que si quieres conseguir contratos con la Junta, ahí están Amparo Rubiales y Pérez Royo, los conseguidores del régimen”, afirma un diputado autonómico del PP.

El bufete también trabaja para firmas que buscan contratos con la administración central. De hecho, La Gaceta publicó que la empresa Ayesa (Aguas y Estructuras SA), asesorada por Amparo Rubiales, ha recibido desde 2005 contratos por 35 millones de euros de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Fomento. Pérez Royo y Rubiales no han contestado a las llamadas de El Confidencial.

“Especulación” en Riotinto

Además, Pérez Royo coincide con Severiano López, ambos identificados como clientes por Iván Chaves, en el proyecto de la empresa Rumbo 5.0 en la cuenca minera de Riotinto. La citada firma adquirió 1.200 hectáreas de terreno por sólo 2,8 millones de euros y se comprometió a una inversión de 200 millones de euros para un proyecto turístico y residencial en la zona que nunca ha llegado. Pérez Royo representaba a las empresas de Severiano López ante las autoridades locales. Seis años después no han movido un solo ladrillo y están negociando la venta de la finca por 60 millones de euros, con más de 57 millones de plusvalía, a la empresa minera Emed.

Tanto el PP como UGT denunciaron los “intereses especulativos” del proyecto de una empresa que “vino de la mano del PSOE”, afirmó David Toscano, secretario general del PP de Huelva.

En la misma cuenca minera tiene intereses Matsa, la empresa que recibió subvenciones de la Junta de Andalucía mientras Paula Chaves, la otra hija del entonces presidente andaluz, figuraba como apoderada de la misma.

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