El juez Baltasar Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación continuada y violación de las garantías constitucionales por haber ordenado, sin justificación legal alguna, que se grabaran las conversaciones mantenidas por los imputados del “Caso Gürtel” con sus abogados defensores en los locutorios de la prisión. Algo así como el cazador de cacerías de postín con ministros y otros jerifaltes cazado en plena violación de un derecho tan esencial en un Estado de Derecho como es el derecho a la defensa. Y ojo, que el instuctor que  firma el auto que empapela a Garzón es ni más ni menos que Alberto Jorge Barreiro, uno de esos magistrados a los que se califica siempre de “progresista”, o sea, que no cabe el argumento de que es una persecución de la derechona. Conozco su trayectoria, ya que fue el ponente de la condena al ya ex general Emilio Alonso Manglano, jefe del espionaje español, por el caso de las escuchas ilegales a mansalva, en el que tengo el honor de haber sido el primer denunciante. Y este va a ser probablemente el primero de los tres jucios que afronte Garzón, imputado también por sus investigaciones en la causa de la memoria histórica y en los pagos del BSCH.

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El más que severo auto del magistrado Alberto Jorge Barreiro es concluyente al detallar cómo Baltasar Garzón violó el derecho a la defensa de Francisco Correa, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, los tres pincipales acusados de la Gürtel, al grabar sus conversaciones en prisión para obtener de ese modo una información a la que no podía tener acceso por otro cauce, evidentemente. Es decir, que se pasó por el arco del triunfo las garantías constitucionales, probablemente cegado por la soberbia y por una sensación de impunidad derivada de su sintonía con el Gobierno socialista, al que se aproximó en 1993 vendiendo su alma al diablo, al que persiguió al no ver colmadas sus aspiraciones de ser ministro, y a cuya sombra acudió de nuevo en una carrera hacia adelante y hacia atrás entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sin precedentes que evidencia muchos de los males de la democracia que disfrutamos.

Con ser grave la actuación de Baltasar Garzón, a quien le pueden caer solo en este caso 20 años de inhabilitación, lo es más que como consecuencia de sus presuntas tropelías puedan beneficiarse de ellas los implicados en la Gürtel, pues es evidente que los defensores de los presuntos corruptos van a pedir ahora la nulidad de parte de las actuaciones, y viviremos una repetición del “Caso Naseiro”, aquel en el que escuchamos a Zaplana decir que estaba en política para forrarse, y que quedó en nada por otras escuchas ilegales. Por ahora ya han sido anuladas las declaraciones de los imputados afectadas por esas escuchas ilegales, como no podía ser de otro modo.

Es lamentable que la falta de escrúpulos, la vanidad, la soberbia y el afán de protagonismo del juez Garzón puedan dar al traste con el proceso penal que debe sustanciar las responsabilidades de una trama de corrupción gravísima que afecta al Partido Popular, como la Gürtel, y vayan a irse de rositas los presuntos culpables de delitos que deben ser castigados con dureza. Un juez prevaricador que puede beneficiar a una trama de políticos, conseguidores y golfos apandadores que se llevaron dinero público en beneficio propio. Y encima el Gobierno español patrocina al juez Garzón para que le elijan en foros internacionales y está dispuesto a pagarle la nómina. ¡¡¡¡Que vergüenza!!! ¡¡¡Que dislate!!! ¡¡¡Vaya tropa!!!