Las actas de los terroristas sobre las reuniones negociadoras entre el Gobierno y ETA, mantenidas entre el verano de 2006 y mayo de 2007, colocan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una situación que en cualquier país democrático sería insostenible. No tanto por lo que dicen los documentos elaborados por los etarras, que también, sino porque al contrastar lo escrito con los hechos y con los sucedidos, se evidencia que el Gobierno, entre otras bagatelas, mintió en el Parlamento y en sus declaraciones públicas, pidió perdón por detener terroristas, se pasó por el arco del triunfo el Estado de Derecho, dio un chivatazo a ETA para cumplir un compromiso adquirido en la negociación, se cargó a un fiscal eficaz para colocar a uno obediente, trabajó para que Batasuna fuera legal, liberó a un asesino múltiple, tomó la iniciativa para retomar la negociación tras romperse el proceso por la bomba de Barajas que segó dos vidas, dijo que la negociación política y la técnica (o sea, el precio a pagar por la ausencia de crímenes y la forma de envolverlo) debían ir en paralelo y ocultándoselo a la opinión pública, se planteó darle dinero a la banda, puso en la diana a más de la mitad de los ciudadanos ante los criminales al decir que el PP, las víctimas del terrorismo y la prensa entorpecían el proceso negociador… No debieran seguir en sus cargos ni un minuto los responsables de semejante iniquidad.

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Mientras el PP centra sus críticas y reclamaciones de dimisión en Rubalcaba, por interés electoral, el vicepresidente y ministro de Interior dice sentirse orgulloso. Y el presidente no abre la boca. Desde el Gobierno, se centra su defensa en dos argumentos: primero, en el “y tu más” al recordar la reunión de los enviados de José María Aznar con ETA en Ginebra en 1998, y segundo, en que no se le puede dar credibilidad a la palabra de ETA, a unas actas elaboradas por los propios terroristas.

Bien, respecto al primer argumento, es inconsistente. En 1998 la tregua de ETA fue negociada por los terroristas con el PNV en Lizarra, y, anunciada públicamente, el Gobierno mantuvo una reunión que no condujo a ningún sitio, y se acabó el proceso. Además de falaz, no se sostiene por ningún lado.

NUNCA SE HABIAN TRASPASADO ESTAS LINEAS ROJAS

Y en lo que se refiere al segundo, me parece a mí que a lo que no se debe otorgar credibilidad ni crédito es a la propaganda de los terroristas a través de sus comunicados, a la palabra de ETA cuando formula doctrina, pero a los documentos que les incautan la Guardia Civil y la Policía si se les da, hasta el punto de que son habitualmente, como es lógico, la base de las pruebas que utilizan los Tribunales para dictar sentencias condenatorias. Es anonadante que el Gobierno y sus mariachis apelen a la “inmoralidad” de dar crédito a lo que dicen los documentos incautados a Francisco Javier López Peña, “Thierry”, el jefe del aparato militar de ETA, y después los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aporten los mismos a la Justicia para basar en ellos las acusaciones que les sientan en el banquillo. Y a la vez, acepten la palabra de ETA cuando a través de algún comunicado decreta una tregua, tienden una trampa o tratan de engatusarnos con discursos vacíos que sólo destilan amenazas de seguir asesinando si no nos sometemos a su estrategia. El mundo al revés.

Cualquiera que conozca la historia de esta organización terrorista sabe que históricamente las actas etarras elaboradas en los anteriores procesos negociadores (Argel con González y Ginebra con Aznar) reflejaban literalmente el contenido de lo hablado entre los representantes del Gobierno y los de la banda etarra. Y, por cierto, en ninguno de esos dos procesos de diálogo se traspasaron las líneas rojas que se han traspasado en el que nos ocupa. Pero insisto, no es solo la palabra de ETA, es que en este caso, lo que coloca al Gobierno a los pies de los caballos es que los hechos conocidos, lo que se sabe que sucedió, lo que consta además en el sumario del Faisán acreditan que las cosas sucedieron de ese modo. Y, como explicaban acertadamente ayer en EL CONFIDENCIAL J. L. LoboA. Mendoza, el presidente y el vicepresidente engañaron hasta a sus propios colegas con los que se sientan en el Consejo de Ministros.

Y no nos engañemos, además de la responsabilidad evidente del ministro de Interior, es José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno, el último responsable de lo sucedido. Los jueces que hagan su trabajo y cuando lo terminen veremos si han podido reunir pruebas para establecer las responsabilidades penales, que puede haberlas también. Entre tanto, la responsabilidad política es la que se puede y se debería sustanciar, y sólo puede hacerse anunciando el presidente que disuelve las cámaras. Pero no sucederá. Ellos están orgullosos de su iniquidad.

PS.- Sánchez Manzano, jefe de los Tedax que intervinieron el 11-M, contra el que se sigue un procedimiento judicial pese a la labor obstruccionista del Ministerio de Interior, ha dicho literalmente a una persona de su entorno más cercano: “He hecho y dicho lo que me han dicho que haga y diga. Si no me mantengo, ¡que va a ser de mí y de mi familia!”. Así está el patio.

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