La admisión de Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale, como partido legal y su posible participación en las elecciones autonómicas y municipales (y en las generales de ¿2012?) tiene dividido al Gobierno. Según fuentes gubernamentales de absoluta solvencia, mientras el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene claro que “no puede suceder que se presenten y es nuestra obligación aportar las pruebas a la Justicia para acreditar que aún son lo mismo que ETA”, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene una posición diferente, y cree que hay que seguir explorando “de una manera discreta” la posibilidad de acabar con ETA “con una salida dialogada” y por ello deja que personas de su confianza “mantengan abiertos cauces de comunicación” con el entorno etarra, aunque insisten mucho a la vez en que “no se repetirá un proceso de negociación como en el pasado”.

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Es muy probable que entre hoy y mañana, a lo más tardar a primeros de la semana próxima, el abogado del Estado Joaquín Fuentes Bardají y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, presentarán ante el Tribunal Supremo (TS) sus escritos de impugnación. Corresponderá resolver las denuncias a la sala del 61 del TS, compuesta por dieciséis magistrados: el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar; los presidentes de Sala Juan Saavedra (penal), Juan Antonio Xiol (Civil); José Manuel Sieira (Contencioso); Angel Calderón (Militar) y Gonzalo Moliner (Social), más los magistrados más antiguo y más moderno de cada una de las cinco Salas. El CGPJ no pudo el lunes cubrir tres plazas vacantes en el Supremo desde hace muchos meses, en las Salas Penal, Civil y Contencioso-Administrativa. No hubo acuerdo entre los bloques denominados conservador y progresista, y la batalla fue dura para bloquear a unos y a otros porque todos los presentes eran conscientes de que los elegidos formarán parte de la sala del 61 como magistrados más modernos. PSOE y PP tratan de que no se alteren hacia uno y otro lado los equilibrios. Había un acuerdo previo para que a la Civil accediera el conservador Antonio García mientras que a la Penal y la de lo Contencioso lo hicieran los progresistas Gonzalo Quintero y José María del Riego, respectivamente. Pero no hubo posibilidad de consenso en las votaciones (se necesitaba mayoría de tres quintos) y el concurso para cubrir estas plazas tendrá que convocarse de nuevo. No está el horno para bollos y nadie quiere dar su brazo a torcer en esta guerra aparentemente judicial pero de hondo calado político en la que PSOE y PP se están empleando a fondo. Por parte del PSOE está siendo el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien está dirigiendo las operaciones con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso y la vocal del CGPJ Almudena Lastra como arietes. En el PP corresponde a Federico Trillo librar esta batalla.

En el Gobierno, el PSOE y el PP se da por “garantizado” que la sala del 61 del Tribunal Supremo resolverá, “y sin tardar mucho tiempo desde que se presenten las denuncias”, la inadmisión de Sortu amparándose en el aluvión de pruebas que se van a presentar, basadas en copiosos informes de la Policía, la Guardia Civil y el CNI, que acreditan que pese al “aparente rechazo a la violencia, este grupo está al servicio de ETA, no se ha desvinculado ciertamente de la banda terrorista y se trata de un mero movimiento táctico para recuperar su presencia en las instituciones, que para la banda es esencial en cualquier caso, pero más aún si pretenden en algún momento buscar un final negociado”.

“EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MAS PERMEABLE A LOS ARGUMENTOS POLITICOS”

No obstante, ambos partidos han hecho llegar al TS la importancia de que afinen en sus argumentos “porque es más complejo de lo sucedido en 2007 con Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), ya que esta vez el abogado Iñigo Irúin se ha esmerado en presentar unos estatutos muy cosidos a la literalidad de las exigencias de la Ley de Partidos, evitando los motivos que entonces llevaron al Supremo a denegar la inscripción de ese partido.

Pero ni el Ejecutivo ni los dos partidos mayoritarios dan la batalla por ganada. Personas próximas a Alfredo Pérez Rubalcaba coinciden con el PP en que “el problema va a llegar en el Tribunal Constitucional, donde la influencia del presidente del Gobierno es importante”, y donde cualificados dirigentes socialistas y populares han percibido, al sondear a varios de sus miembros, que “hay una predisposición más permeable a los argumentos políticos”. Aunque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia y únicamente resolverá sobre la constitucionalidad o no de los preceptos aplicados, “todos conocemos esa casa y sabemos que argumentos pueden emplear para dar una salida a los abertzales”. El vicepresidente y ministro de Interior ha dado ordenes a su gente de extremar al máximo la actividad de los aparatos de información para tratar de evitar también la presentación de alguna “lista blanca”, y para acumular argumentos para “poder recurrir a los tribunales si finalmente el Supremo deniega la inscripción a Sortu y los etarras cuelan a su gente en las listas de Eusko Alkartasuna”.

Y los temores no se quedan ahí. Tanto en Ferraz como en Génova existe preocupación por el hecho de que un sector del Ejecutivo más próximo al presidente Zapatero que a Rubalcaba, habla ya en privado de la posibilidad de que “finalmente, jugando con los plazos, se evite la presentación de listas etarras en las autonómicas y municipales de mayo, pero se les busque una salida para que sí puedan estar en las Generales que, de no cambiar radicalmente las cosas, serían en marzo del próximo año”.

“NEGOCIACION NO HAY, PERO SI CAUCES ABIERTOS”

En el Partido Popular tienen la sensación de que en sus contactos con el Gobierno, que normalmente en este asunto se mantienen a través de Rubalcaba y Federico Trillo, “está habiendo sinceridad absoluta y no se nos está ocultando información. No tenemos dudas respecto del vicepresidente, que incluso podemos decir que está siendo extremadamente leal”. Pero las mismas fuentes de Génova me dicen que “a la vez nos llega alguna información de Moncloa respecto a la posición del presidente Rodríguez Zapatero. No podemos afirmar que tenga en la cabeza reabrir un proceso negociador, pero da alas a ese sector del socialismo vasco que tiene comunicación permanente y directa con ETA y les deja hacer”. La sensación de la dirección del PP es que Rodríguez Zapatero tiene “una extraña inclinación al riesgo, y siempre tiene ocurrencias que pueden poner en riesgo el actual clima de colaboración entre Gobierno y oposición, pero todo lo hace de forma que no estemos en condiciones de poder probar nada. Negociación no hay, pero sí hay cauces abiertos que les permiten a algunos albergar esperanzas que debían haber dejado de existir hace tiempo”.

Los mismos dirigentes populares expresan en privado, nunca en público, su malestar con el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que reiteradamente sostiene que el Gobierno mantiene abierto un cauce de dialogo con ETA, y cuyas reiteradas declaraciones públicas en esta línea “nos crean problemas en la comunicación con el Gobierno”. Cada vez que surgen problemas de estas características, desde Génova se le dice al Ejecutivo que “Mayor Oreja es nuestro Eguiguren en la posición contraria”.

Así están las cosas en el patio judicial sobre uno de los grandes asuntos de la vida política española, que puede tener enorme incidencia en los procesos electorales que vamos a vivir en los próximos meses. No queda otra que escuchar, ver, informar y que cada uno saque sus conclusiones.

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