Hoy se cumplen siete años de la masacre perpetrada en la estación de Atocha. Siete años y una sentencia después sabemos lo que sucedió, pero desconocemos buena parte de las respuestas a las preguntas clave que una sociedad democrática y civilizada debe hacerse después de un acontecimiento de tal magnitud. No sabemos quienes fueron los inductores del mayor atentado de la historia del terrorismo en España, no sabemos cuales fueron los explosivos utilizados por los asesinos. Sabemos que se han manipulado pruebas judiciales. Está acreditado que la inmensa mayoría de los condenados eran o confidentes de la Policía o personas bajo control de la Audiencia Nacional. El Ministerio de Interior ha mostrado una insportable labor de obstrucción de la investigación judicial. Y las víctimas y los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué sucedió, cómo sucedió y quien provocó un atentado horrible que es evidente que tenía como propósito influir en las elecciones que se celebraron tres días después. Y lo consiguieron.

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Es evidente que muchos ciudadanos no muestran interés en conocer la verdad de lo sucedido, en encontrar las respuestas a todas las incógnitas. Y lo mismo sucede en la clase política. De nuevo son sólo unos pocos periodistas los que se empeñan, con el apoyo de una parte de las víctimas de la matanza, y de algún juez, en pelear por la búsqueda de la verdad, en una soledad desesperante y sorteando dificultades y descalificaciones. Otro deja vu, otra vez una película que ya hemos visto. Lo viví en primera persona en el asunto GAL. Pero se sabrá la verdad, y entonces las víctimas habrán cumplido con su objetivo de saber cómo ocurrió y unos caminaran con la cabeza muy alta mientras otros quedarán para siempre retratados en los libros de historia. Sí, esa historia, que casi siempre se repite.