Es una de las noticias de la semana. José María Aznar, ex presidente del Gobierno, se ha incorporado a Endesa como asesor, especialmente para Latinoamerica. Hace muy poco que el también ex presidente Felipe Gonzalez fue fichado como consejero por Gas Natural-Unión Fenosa. Ambos van a cobrar, como es lógico por las funciones a desempeñar, remuneraciones que rondan los 200.000 euros anuales. No hay nada aparentemente ilegal en ambos fichajes. Nada que decir en principio, desde una perspectiva política respecto a sus salarios. Inicialmente parece que no pueden plantearse tampoco cuestiones de compatibilidad. Pero el asunto tiene un trasfondo ético y estético que no parece excesivamente ejemplar.

Gas Natural-Unión Fenosa y Endesa son dos grandes compañías españolas, del estratégico sector de la energía, que como saben está regulado por el Ejecutivo y que depende en muchos asuntos de decisiones estrictamente políticas que ha de tomar el Gobierno. Por ejemplo, la fijación de las tarifas, supeditada a la aprobación del Consejo de Ministros. Por ello, se me ocurren circusntancias y situaciones que pueden colocar a Aznar y González al borde la la incompatibilidad, rozando el conflicto de intereses y, en términos éticos incursos en evidente incompatibilidad. ¿Por qué? Pues porque ambos mantienen una relación activa y pública con sus respectivos partidos, PP y PSOE; participan en reuniones en las que se toman decisiones; forman parte o colaboran con Fundaciones que marcan líneas clave de las políticas de ambas formaciones; participan en las campañas electorales no sólo en actos públicos, sino en las reuniones previas en las que se fijan las posiciones, por ejemplo, relacionadas con la política energética del partido en cuestión, que puede coincidir o no con los intereses de las compañías para las que ahora trabajan a cambio de un salario; se expresan en público y ejerecen influencia en defensa de los intereses de sus organizaciones políticas. Por ello, dese ahora su independencia de criterio en relación con un sector clave de la economía española está en cuestión, y eso les afecta a ellos y afecta a sus partidos.

Y desde el punto de vista económico, ambos, como debe ser, en su condición de ex presidentes del Gobierno, cobran una pensión vitalacia cuantiosa, disponen de seguridad costeada por el erario público, además de secretaria, vehículo y la posibilidad de formar parte del Consejo de Estado. Y además, en uso de su derecho y de modo legítimo, ambos cobran importantes cantidades también de otras actividades diferentes, entre ellas las de ser ambos conferenciantes de lujo bien remunerados en actos académicos y empresariales privados, y las de aconsejar y asesorar a potentados e influyentes empresarios como Rupert Murdoch en el caso de Aznar o el mejicano Carlos Slim en el de González. Por ello, no existiendo una norma legal que les impida cobrar de las compañías que acaban de ficharles, o de los potentados a los que asisten, si parece que desde un punto de vista ético y estético bien podían renunciar a su pensión del Estado, teniendo en cuenta que sus necesidades las tienen bien cubiertas con la actividad privada. Y más aún con la que está cayendo con la crisis y escuchándoles cada día reclamar en público recortes salariales y de las pensiones.

Este asunto, feo y complicado, pone en evidencia la necesidad de reformar la legislación española en lo que se refiere a la necesaria dignidad y representatividad que deben tener los ex presidentes del Gobierno, la función que deben desempeñar por formar parte, sin duda, del patrimonio político de todos y los límites y los acotaciones que han de ponerse a aquellos que una vez abandonada su responsabilidad política deseen adentrarse en los vericuetos del mundo empresarial de alto nivel e influencias máximas donde se juega mucho dinero que depende de decisiones del poder político. No se puede estar, como dicen en Bilbao, a setas y a Rolex. No es éticamente de recibo que cobren una pensión del dinero de todos quienes reciben un salario cuantioso por una actividad privada. Aznar y González sin duda han optado por estar a Rolex. Entonces que no cobren del dinero de todos. O si no, todos a cobrar pensión aunque estemos en activo. Y a la ruina.