Vaya por delante que, una vez escuchadas y/o leídas las opiniones de los más prestigiosos especialistas en la materia, tengo dudas respecto a la legalidad de la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma, porque no se ha cumplido uno de los requisitos establecidos por el artículo 116.2 de la Constitución, que establece nítidamente que, una vez acordado mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, debe darse cuenta al Congreso “reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no puede se prorrogado dicho plazo”. Y, que yo sepa, consultados el María Moliner y el sentido común, el adverbio “inmediatamente” quiere decir de modo inmediato, es decir, sin nada intermedio o sin intervalo de tiempo o de espacio. Y el Congreso por ahora se está enterando por la prensa hasta que esta mañana, ¡¡¡seis días después de firmado el Real Decreto!!!, comparezca el presidente del Gobierno. Estas cosas tienen su importancia en democracia amigos. Aunque este Gobierno no parece que tenga mucho interés en el respeto a las formas, en un Estado de Derecho hay que atenerse a la ley, porque si no al final una resolución judicial terminará dando la razón a quien no la tiene en el fondo, es decir, en este caso, a los controladores.

Además, efectuadas las consultas mencionadas, no me cabe duda de que la movilización de los controladores, su militarización y su sometimiento a la legislación militar es contraria al espíritu y a la letra de la Constitución. La jurisdicción militar es de aplicación exclusivamente en el ámbito castrense y en situaciones de estado de sitio. Y, por escrito, las autoridades militares les comunicaron a los controladores que quedaban “sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares”. En situación de estado de alarma la autoridad competente, según la Constitución, es la civil, no la militar, y por lo tanto decretar la movilización militar y el completo sometimiento a las leyes penales militares de los controladores no tiene encaje en la carta Magna.

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Por si no fuera suficiente, el propio Real Decreto firmado el sábado se remite tácitamente en lo que atañe a la movilización de los controladores a la Ley Básica de Movilización Nacional, texto legal de más que dudosa aplicabilidad debido a que, por un lado, es preconstitucional, asunto no baladí, y por otro, de ser aplicable, fue redactado pensando en la defensa de la Nación frente a situaciones de conflicto armado, y tampoco es el caso.

AUNQUE NO LO PAREZCA, ZP ES EL PRESIDENTE

Fijada mi opinión respecto a lo formal, en lo político el caso en general y el Real Decreto de marras en particular me parece que pasarán a la historia. Cuando por primera vez en democracia se aplica un artículo tan excepcional de nuestra Constitución , resulta que el documento, que entró en vigor en el mismo instante de su publicación en el BOE, estaba dado por el Rey desde la Embajada española en Buenos Aires y lo firmaba el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo. No digo que no sea legal, pero me pregunto, como tanta gente, si un texto legal tan excepcional y de tanta trascendencia no debiera haberlo firmado José Luis Rodríguez Zapatero, que aunque no lo parezca, porque no ha abierto aún la boca, es el presidente del Gobierno.

Veremos que dice esta mañana el presidente en el Congreso, pero el Gobierno tiene ahora un problema que resolver, que es el fondo de la cuestión, el nudo gordiano del conflicto, que no se va a arreglar prorrogando esta situación excepcional de estado de alarma. A saber: la inexcusable reforma de un sector crucial para sectores estratégicos de nuestra economía que permita lograr la estabilidad a largo plazo.

Es cierto que el ministro de Fomento, José Blanco, ha dado los primeros pasos, pero queda mucho por hacer. Y en este punto se ha hablado poco de la cuestión clave, que no es otra que la formación de los controladores y el severo control de la llave de acceso a la profesión que han tenido ellos mismos, lo cual ha supuesto hasta la fecha un suculento negocio. Porque han sido ellos, los controladores, quienes han manejado la escuela por la que hay que pasar para acceder al ejercicio de la profesión; porque una vez superadas las pruebas tienen un periodo de habilitación durante el cual han de tener a su lado a otro profesional durante semanas mientras operan; porque ello supone unos ingresos interesantes; porque han tenido la llave para evitar que entrara el número de controladores necesario para operar el espacio aéreo, de modo que eran imprescindibles unas cantidades ingentes de horas extras, y ahí estaba la madre del cordero de los sueldazos que tenían; porque esto les posibilitaba utilizar como medida de presión la negativa a hacer horas extras, supuesto en el que no había personal suficiente y sin necesidad de convocar una huelga con todas las bendiciones legales colapsaban el país; porque gracias a este sistema de formación y acceso a la profesión han colocado a numerosos familiares, lo cual puede comprobarse atendiendo a un listado por orden alfabético de los controladores en ejercicio.

El ministro Blanco rompió en parte en febrero con este sistema, y AENA tiene en marcha una segunda escuela, pero hasta que las nuevas promociones estén en condiciones de trabajar seguimos teniendo el problema de una plantilla insuficiente.

LASTIMA QUE TAN POCA GENTE LE ECHE PULSOS AL ESTADO

No cabe duda alguna de que la responsabilidad de todo lo sucedido la tiene una casta de controladores acostumbrados a disponer de la posibilidad de chantajear al Estado por la vía de utilizar de rehenes a los ciudadanos. Es verdad que el Gobierno estaba obligado a gestionar un caos excepcional en una coyuntura de crisis económica casi inédita y que sabía que iba a tener de su lado inicialmente a los ciudadanos si actuaba. Pero no es menos cierto que Rodríguez Zapatero y sus compañeros de Gobierno han de afrontar ahora la crítica política legítima y necesaria y lo que creían que era una victoria sin paliativos puede terminar siendo la puntilla para este Ejecutivo. Porque a estas alturas del partido parece evidente que el Gobierno debió haber previsto lo que iba a suceder, y más aún teniendo indicios más que suficientes para hacerlo. Falta de previsión, un mal endémico que ha acompañado al presidente desde el primer día. Que paradoja que haya sido Rodríguez Zapatero, el progresista de izquierda más exquisito, el primer presidente en recurrir al Ejército para resolver un conflicto con unos trabajadores que dura ya muchos años. El presidente ha faltado gravemente a sus obligaciones al no comparecer en medio de esta crisis, y ahora ha de afrontar su responsabilidad política, y explicar algunas cosas. Por ejemplo, contarnos con detalle qué noticias tenía su Gobierno respecto a los planes “sedicentes” de los controladores; si es por ello que suspendió su viaje a la Cumbre Iberoamericana de Buenos Aires; por qué decidió que se aprobara el decreto que prendió la mecha en el Consejo de Ministros del viernes, y no lo hizo antes o lo dejó para después de unas fechas críticas para sectores estratégicos de nuestra economía como el transporte y el turismo; por qué si sabían lo que podía pasar no se adoptaron medidas previamente que no hicieran necesario recurrir a un precepto ¿legal? excepcional, y algunas cosas más.

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Y qué decir del ínclito súper ministro y portavoz gubernamental Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurando, muy ufano, que “quien le echa un pulso al Estado, pierde”. ¿Qué es esto, ministro? En democracia cualquiera está legitimado para echarle un pulso legal al Estado, solo faltaría. Una cosa es que los controladores lleven años excediéndose y comportándose de modo inadmisible y probablemente ilegal y otra muy diferente tratar de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y, aferrándose a un asunto en el que la opinión pública puede ponerse de su lado, buscar el camino para limitar aún más la posibilidad de los ciudadanos de plantar cara a los excesos de quienes dentro del Estado tienen la responsabilidad de administrar la cosa pública. Por supuesto que es legítimo echarle un pulso al Estado por los cauces legales. ¿O es que ahora este Gobierno le va a coger el gusto a esto de movilizar al personal y pretende vestirnos a todos de soldados para imponernos la obediencia debida? La lástima es que cada día haya menos gente dispuesta a echarle pulsos al Estado y al Gobierno para modificar el status quo, poner en un brete al stablishment, afrontar reformas profundas del sistema y construir un mundo mejor. Igual si hubiera muchos las cosas serían de otro modo. Parafraseando al profesor y maestro Jorge de Esteban, son la Constitución española y el sistema quienes de verdad están en estado de alarma. Pero esa es otra cuestión. Por ahora, que los campeones del talante, el progresismo y el izquierdismo nos vayan aclarando como van a salir de este atolladero, y que asuman su responsabilidad política por haber ido en este asunto siempre por detrás de los acontecimientos. ¡¡Ar!!

PS 1.- Atentos a las empresas constructoras que construirán 500 campos artificiales de fútbol en Rusia una vez concedido a este país el Mundial 2018. Cada uno de estos campos costará 200.000 euros. Es decir, 100 millones de euros. Y después, el dinero de verdad, la construcción de un porrón de estadios donde jugar los partidos del Mundial, por supuesto construidos bajo el asesoramiento de empresas ad hoc que garantizan los estándares que exige la FIFA. Y en Qatar tres cuartos de lo mismo. Algunas empresas y más de un particular se van a forrar, pero de verdad. Y siempre son los mismos. Las candidaturas que se presentan son un paripé. Business, only business. Pero que no nos hablen de deporte, please.