Sí, son la Constitución y su aplicación las que están en España en estado de alarma. Si ayer escribía que el Gobierno era el responsable político de muchas de las cosas que han sucedido con el conflicto de los controladores, hoy, tras la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados, me ratifico, pero corrijo, extiendo y aumento la crítica. A la mayoría de los comentaristas y de los medios escritos les parece un éxito del Gobierno la unidad política cosechada ayer por el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero por su gestión de la crisis. Sólo IU y los gallegos del BNG le criticaron. A mi me parece triste la falta de espíritu crítico de nuestros parlamentarios, la verdad. Miran más los posibles réditos electorales que el interés común. Ayer nuestro presidente del Gobierno se limitó a, en un ejercicio de tomadura de pelo insólito, contarnos lo que ya sabíamos sin aclarar ninguna de las muchas incógnitas y asuntos dudosos que son la clave política y creo que también jurídica de esta crisis nacional.

No explicó el presidente por qué el Gobierno esperó hasta el viernes para actuar cuando tenía información previa de lo que podía suceder; no nos dijo por qué su Gobierno, con el ministro de Fomento, José, Blanco a la cabeza, no ha podido articular una alternativa con controladores extranjeros o con militares para paliar el déficit de controladores desde que en el mes de febrero aprobó el decreto ley; no aportó un sólo argumento que despeje las solidas dudas jurídicas respecto a la constitucionalidad del decreto de militarización de los controladores; dijo que la movilización lleva aparejeda la aplicación directa del Código Penal Militar al personal civil afectado, pero se olvidó de añadir que nuestras leyes sólo contemplan la movilización de personal civil para el estado de sitio, no para el estado de alarma; no informó, como era su obligación legal,  acerca de su intención, que conocemos, de prorrogar el estado de alarma. Y todo ello en una comparecencia que llega tarde, lo cual puede tener sus consecuencias, porque la Constitución establece que debía haberse producido “inmediatamente” después de aprobarse el estado de alarma, y seis días, se mire por donde se mire, no es algo inmediato.

Imagen de previsualización de YouTube

Pero por si todo esto fuera poco, y no grave, el fiscal general del Estado, el un día progresista Cándido Conde Pumpido, que tiene dependencia directa del Gobierno, anunció ayer a bombo y platillo, ufano, altivo, como diciendo “aquí estoy yo, con un par”, que los fiscales van a solicitar penas de prisión de hasta ocho años para los controladores que abandonaron su puesto por un presunto delito de sedición. Y durante su rueda de prensa en Zaragoza calificó varias veces, creo que el menos cuatro, de “imputados” a los controladores, cuando ningún juez, que son quienes tienen potestad para hacerlo, ha imputado por ahora a nadie. El fiscal general del Estado, con una imprudencia que le incapacita para un cargo de tal responsabilidad, se constituyó en juez y parte, valoró una prueba inexistente y calificó por adelantado los hechos. Y después de estas afirmaciones nadie en el Congreso se levantó ayer para pedir el cese inmediato de este caballero, que se pasa por el arco del triunfo la seguridad jurídica que establece la Constitución y sin que exista aún una causa penal contra ellos, sin que se les haya tomado declaración a los acusados, sin que exista aún una imputación formal, sin que se hayan practicado diligencias, por las bravas, esta vez porque sí, porque le da la gana al fiscal general del Estado, ya sabemos previamente la petición fiscal. Al carajo con la Constitución, al carajo con la presunción de inocencia, al carajo el el derecho de defensa, al carajo las más elementales garantías del procedimiento. Todo esto son zarandajas, una mierda, para estos demócratas del tres al cuarto. Conde Pumpido, sin duda excitado y encantado de haberse conocido por haberse sentado en la mesa del Consejo de Ministros (le llamó el presidente en plena crisis y allí estuvo el caballero, feliz, ensimismado), solícito a la orden del jefe, adelanta la petición de pena que va a ordenar a sus subordinados que formulen en unos procesos que aún no se han iniciado. Y aquí no pasa nada amigos. La mayoría, creo, de los ciudadanos y buena parte de los adocenados medios de comunicación bailándole el agua al Gobierno y felices de que a estos cabronazos de los controladores les vayan a dar para el pelo.

De la sesión de ayer en el Congreso me quedo con el momentazo en el que Rajoy le puso la muleta a Blanco, al que insuntó severamente, y, mientras la bancada socialista le abucheaba, el líder de la oposición recordó que esas palabras eran las que Alfredo Pérez Rubalcaba le dirigió al ministro de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado si no me equivoco, por unos retrasos en varios vuelos en el aeropuerto de Barajas. No se pierdan en el video los caretos de Blanco y, sobre todo, Rubalcaba. Todo un poema

Imagen de previsualización de YouTube

Pues no estoy feliz, no. Y más aún cuando voy acumulando sensaciones e indicios que me hacen pensar que los controladores, cuya actuación me parece lamentable, puede que al final se vayan de rositas como consecuencia de las aberraciones jurídicas que estamos viviendo al amparo del cabreo general contra ellos. Si yo fuera su abogado me estaría frotando las manos con la cantidad de munición de que disponen para si no ganar los pleitos, si aminorar buena parte de las responsabilidades. Y me parecería injusto que al final, por defectos de forma, por irregularidades procedimentales, no pagaran su culpa. En un Estado de Derecho ni siquiera ante unos controladores como los que nos han tocado se puede vulnerar la legalidad. Lo que diferencia una democracia que funciona, respetable, sólida, consistente, de una democracia de segunda o de una partitocracia son estos detalles. Y que quieren que les diga, yo deseo vivir en un país en el que se respeten las leyes mientras estén vigentes. Y a día de hoy, en estado de alarma de verdad quien está es nuestra Constitución. No lamento decirlo: los controladores tienen derecho a un juicio (penal, político y social) justo y con todas las garantías.