Sí, es verdad, estamos en estado de alarma. Pero a mí lo que me tiene alarmado es el Gobierno, su incapacidad para resolver el problema de fondo y su escasa sensibilidad democrática para decretar y ahora pedir la prórroga de una situación de suspensión de derechos constitucionales que en mi opinión no tiene justificación política ni encaje jurídico constitucional. No hay precedentes en el mundo de un país democrático que haya decretado un estado de alarma preventivo.

Es insólito que se utilice una herramienta jurídica tan excepcional, prevista por los constituyentes para otro tipo de situaciones, que jamás se había empleado en nuestra democracia, para utilizarla como herramienta de negociación de un convenio colectivo. El ministro del ramo, José Blanco, advirtió claramente a los controladores ayer de que el Ejecutivo tomará medidas de carácter unilateral si antes del próximo día 31 de enero no hay un acuerdo en la negociación colectiva. Es decir, que no hay duda de que el estado de alarma va a ser la espada de Damocles que va a utilizar el Gobierno para acojonar a los sediciosos guardias de tráfico del espacio aéreo y tratar de que por este camino se resuelva este conflicto laboral. No cabe duda, porque desde el 31 de enero, dead line fijado por el Gobierno, sólo dispondrán de quince días para negociar con Aena su convenio una vez terminada la suspensión de derechos constitucionales.

Es una aberración jurídica limitar derechos fundamentales de ciudadanos ante la posibilidad de que se den unas circunstancias que probablemente, además, no se den. Si José Blanco es incapaz de resolver el problema, que se vaya o que le echen. No basta con que diga públicamente que asume su parte de culpa. Ahora está jugando muy sucio contra los controladores, vulnerando además la Constitución, y tendría bemoles que al final los controladores pudieran irse de rositas respecto a sus responsabilidades por la catarata de defectos jurídico formales en que está incurriendo.

El Gobierno está a tiempo de retirar su solicitud y no pedir la prórroga del estado de alarma. Más aún cuando 1.700 controladores, un 70% del total de 2.471 que conforman la plantilla, han firmado un documento comprometiéndose a no realizar otra huelga como la de comienzos de diciembre. Pero no lo hará. Por eso estamos en estado de alarma, por la incapacidad de un Ejecutivo que está llevando a España a cotas de desprestigio desconocidas para más de una generación de ciudadanos que se merecen un Gobierno que no actúe con tal grado de irresponsabilidad.

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Por cierto, Llamazares (IU) estuvieron ayer brillantes y contundentes en sus intervenciones en el Congreso. Si el doctor hubiera estado a esta nivel en los últimos años esta IU que crece en las encuestas no estaría donde se encuentra ahora.