El pasado sábado, la etapa 20 de la Vuelta a España debió pasar por el centro de Elorrio, como estaba previsto y anunciado por la organización oficial de la carrera, pero las presiones de Bildu y la cesión a las mismas de la alcaldesa del PNV, Ana Otadui, lo impidieron. El pelotón ciclista se limitó a transitar por la Circunvalación, conocida como “la variante”, y los aficionados se quedaron con las ganas de ver a los corredores donde se les había dicho que iban a poder hacerlo, por las calles de la localidad.

Dimitido Francisco Camps, como muy bien cuenta El Confidencial, forzado por la negativa de Ricardo Costa a aceptar allanarse y asumir su culpabilidad en el procedimiento de los trajes, en el PP de Valencia comenzó ayer mismo otra guerra que veremos como termina. Consumada la salida de la presidencia de la Generalitat de Camps, ayer fue un día de tensión máxima y cuchillos afilados en el PP valenciano y en la sede nacional de Génova. Así sucedieron algunas de las cosas. Primero, con la designación del sustituto de Camps. El ex presidente trató por todos los medios, pero ya sin fuerza personal y sin capacidad de presión política, de que su vicepresidenta, Paula Sánchez de León, fuera la sucesora. Rajoy no estaba por la labor. Inicialmente surgió el nombre de Esteban González Pons, pero no era posible, había un impedimento legal: no es diputado autonómico valenciano. A partir de ahí, comienza una ofensiva de líderes cualificados del PP para tratar de convencer a Rita Barberá, la candidata favorita de Rajoy, pero las llamadas del propio Rajoy, María Dolores de Cospedal, González Pons y una conversación cara a cara de Trillo con la alcaldesa de Valencia no consiguen convencerla. Su decisión es firme.

Los mandos y funcionarios especializados en la lucha antiterrorista de la Guardia Civil y la Policía están indignados por la actuación de la Policía y la Justicia francesa respecto a la ex dirigente de la ilegalizada Batasuna Aurore Martin, a quien no detienen pese a estar perfectamente localizada y con reiteradas exhibiciones en actos públicos desde hace un mes, pese a que pesa sobre ella una orden de detención de la Justicia española y a que el Tribunal Supremo francés emitió un dictamen definitivo avalando su entrega a la Justicia española por “integración en banda terrorista”. Las fuentes de ambos cuerpos policiales consultadas consideran que no se trata de un hecho aislado, sino que es “un síntoma de algo mucho más grave, que viene sucediendo hace muchos años, y que constituye una afrenta a las víctimas y a quienes nos jugamos la vida en la persecución de estos delincuentes”.