Baltasar Garzón afronta desde ayer el primero de los tres juicios que le esperan. Está acusado de ordenar la intervención y grabación de las conversaciones de acusados del “caso Gürtel” con sus abogados en los locutorios de la cárcel, un hecho que constituye una violación gravísima de las garantías de cualquier acusado, esenciales en un Estado de Derecho, y que sólo pueden verse eliminadas con autorización judicial previa y exclusivamente en asuntos de terrorismo.

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Corresponde a los jueces del Supremo establecer si hay pruebas para condenar o no a Garzón. Pero los hechos sucedieron y en términos éticos, morales, su conducta es absolutamente reprobable y acredita una perversión inaceptable.

 

El papel del Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía ha sido más que discutible. Inicialmente el Colegio autorizó la presentación de una querella contra Garzón, pero al decretar nulas las grabaciones el TSJ de Madrid se olvidaron del caso. Algún día tendrán que explicar los motivos de esta decisión.

 

Y qué decir de la campaña de un grupo de jueces, fiscales, actores y escritores autodenominados “progresistas”, agrupados en torno a la plataforma “Solidarios con Garzón”, que llevan meses atacando a los miembros del Tribunal, en una orgía de descalificaciones alucinante. Uno de los portavoces de esta plataforma de apoyo al juez, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, ha afirmado que “el Tribunal Supremo constituye un instrumento del fascismo español…  es un aliado de la corrupción y de la extrema derecha”, para rematar la faena afirmando que “Garzón es inocente, diga lo que diga el Tribunal Supremo”, con guinda del poeta García Montero: “Garzón es la última víctima del franquismo y la primera del Gürtel”. ¡Vaya con los progresistas!. Según ellos Garzón tiene barra libre para violar un principio esencial del derecho.

 

Aquí no hay campaña o linchamiento que valgan. Hay un juez suspendido en sus funciones y acusado, en este caso, de delitos de prevaricación, uso de artificios de escucha y grabación con violación de garantías. Va a ser juzgado con todas las garantías. Incluso ha podido obstruir al máximo el proceso con recusaciones a mansalva de intención evidentemente dilatoria. Es sencillo: si se prueba el delito, que le condenen, y si no puede probarse, que le absuelvan. Como cualquier ciudadano. ¿O es que Garzón está por encima del bien y del mal y es irresponsable penalmente? Y eso sin contar con que ha dispuesto de dos defensores, sus abogados y la Fiscalía, que no ha acusado, se ha limitado a reclamar la absolución y ha jugado un destacado papel a favor del acusado en todas sus actuaciones