M.MIRALLES/J. FDEZ.-MIRANDA
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Madrid.- La secretaria del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid dictó el pasado 21 de diciembre un decreto, notificado siete días después, el 28, citando a las partes del procedimiento a un juicio a celebrar el 12 de enero del año 2017 a las 11,05 horas. Han leído bien, han sido citados para dentro de 5 años. Eso sí, con precisión horaria, ni a las 11 ni a las 11 y media, a las 11 y 5 en punto.

El asunto se ha tramitado, según reza literalmente el documento judicial al que ha tenido acceso ABC Punto Radio “por las normas del procedimiento abreviado del artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

El caso ha causado el asombro de la letrado Teresa Marcos, que representa a la parte demandante, una opositora que reclama una plaza en la Universidad Autónoma de Madrid, “ya que en el supuesto de que ganáramos el juicio, habrían transcurrido cinco años en los que ella debiera haber estado trabajando como funcionaria, por lo que es evidente que nos encontramos ante un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia” que ha llevado a la abogada a presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

El juez, en el mismo decreto, admite a trámite la demanda, cita a las partes a juicio dentro de 5 años y requiere a la Universidad Autónoma a que remita el expediente administrativo “con el menos 15 días de antelación del término señalado para la vista”, y para la realización de la prueba indica a las dos partes que deberán comparecer en el juicio dentro de 5 años “con los medios de prueba…que se practicarán del modo previsto”.

Por último, el juez adelanta que “solo se suspenderá la vista cuando alguna prueba no pueda practicarse en la misma, sin mala fe por quien tenga la carga de aportarla, señalando el secretario judicial competente en el acto, y sin necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse”.

La mujer que ha presentado la demanda se presentó a unas oposiciones para el ingreso en la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de Madrid. Se convocaron 13 plazas, 12 reservadas al turno general y 1 reservada al turno de reserva de minusválidos. Ella superó el proceso selectivo con el puesto 13.

El Tribunal Calificador de la Universidad Autónoma, al no concurrir ningún minusválido, decidió amortizar la decimotercera plaza en vez de adjudicar todas las convocadas, y dejó fuera a la demandante, lo cual en opinión de su letrada, con base en varios antecedentes, vulnera lo establecido legalmente.

El Juzgado admite la demanda y señala el juicio para dentro de cinco años, lo cual en opinión de fuentes sindicales y universitarias consultadas por ABC Punto Radio “solo puede entenderse como una estrategia del Ministerio de Justicia destinada a colapsar los tribunales con asuntos administrativos para de ese modo evitar tener que pagar el salario de más funcionarios públicos”.

Consultada a este respecto, la abogado Teresa Marcos afirmó que ella desconoce “las motivaciones o estrategias del Ministerio, lo único que se es que he presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial porque no es admisible este retraso en la celebración de un juicio, parece una broma propia del día 28 de diciembre en que se notificó la resolución, y se puede causar un daño irreparable a mi cliente”.

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